JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROJAS
Cuando el equipo designado por el Gobierno dominicano para negociar y discutir la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América, la República Dominicana y los países de Centroamérica (DR-CAFTA) creyó haber finalizado el acuerdo bilateral con nuestro principal socio comercial y hasta recibieron felicitaciones por su conclusión, la agregada comercial de la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país trajo a colación que faltaban una  serie de condiciones -casi todas de tipo legal y por supuesto sine qua non- para que el gobierno norteamericano lo refrendara y lo pusiese en vigor.

Las presiones para que el país acepte una serie de medidas, derogue o enmiende ciertas leyes y acate unos enunciados que no se discutieron originalmente en la mesa de negociaciones, han dado motivo a suspicacia y hasta escepticismo, si tomamos en cuenta que según el parecer externado por funcionarios del Gobierno dominicano, se habían cumplido con todas las obligaciones derivadas de su texto original. Sin embargo, ahora, unilateralmente le interpretan artículos del mismo que no fueron presentados en las discusiones iniciales llevadas a cabo en Washington, cuyo texto inalterado reposaba en la Secretaría de  Estado de Industria y Comercio.

Tiene razón el sector farmacéutico nacional que muestra su inconformidad por las concesiones que se pretenden graciosamente conceder a una industria tecnológicamente más avanzada y con cuantiosos recursos para su comercialización y promoción.  ¿Porqué sacrificar al más pequeño?  De igual modo, los representantes de empresas extranjeras después de algunos de ellos tener muchos años en introducir y difundir un determinado producto, ahora debe renunciar a la justa indemnización que conllevó darlo a conocer haciendo grandes gastos en su promoción y consolidación, hasta llegar al grado de comercialización y aceptación que hoy ostenta.

Asimismo, incidirá sobre los derechos de autor, como protección naturalmente para sus productos.

Varios de los negociadores dominicanos han manifestado su inconformidad con la culpabilidad que hoy se les pretende enrostrar por haber aceptado condiciones y cláusulas perjudiciales para nuestro país, no obstante ellos alegar, que es el Gobierno dominicano cuyas cámaras legislativas están votando leyes complacientes para lograr la puesta en vigencia de parte del ejecutivo norteamericano del DR-CAFTA. Las grandes empresas dominicanas, en especial las que más pagan impuestos al fisco, les solicitaron a esas mismas cámaras legislativas que no aprobaran el convenio de rectificación fiscal que presentó el Poder Ejecutivo a su consideración.  Sin embargo, esta ponderada petición fue denegada. Creemos que esta desestimación será muy negativa en el futuro y dará al traste con las declaraciones de algunos funcionarios públicos y empresarios complacientes que obnubilados aceptan a pies juntillas todo lo que proviene del Norte. De nuestra parte, hemos afirmado que en el sector agropecuario este Tratado de Libre Comercio (TLC) a la larga podrá beneficiarnos, pero en el interin, mientras no estemos en igualdad de condiciones con los demás países co-participantes, en el camino se quedarán muchos productores que hasta ahora habían sobrevivido; es decir, les repartirán sombreros cuando ya no tengan cabeza en qué ponérselos.

De las últimas exigencias para la entrada en vigor del DR-CAFTA ha sido la imposición de un impuesto selectivo al consumo. Los vehículos de fabricación norteamericana deberán ser exonerados de este impuesto al ser importados al país. Se imaginan los lectores si la Unión Europea nos requiere lo mismo en el tratado que próximamente negociaremos con este conjunto de 27 países. Algo para nosotros incomprensible ¿Cuál ha sido el motivo para que los norteamericanos soliciten a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio que debe derogar la Norma 148 relativa al transporte de combustible? Dicha Norma ha sido considerada contraria al Tratado DR-CAFTA.

Aunque ha pasado algún tiempo, es dable recordar que cuando el Congreso Nacional le impuso un impuesto de un 25% al “sirop” de maíz para proteger nuestra industria azucarera, la protesta y la amenaza del coloso del Norte fue tan evidente, que en un santiamén nuestras sumisas cámaras legislativas derogaron ese protector impuesto. Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio (OMC), prohíbe los subsidios a los productos agropecuarios y la disposición sólo se impone a los pequeños países, ya que ni los Estados Unidos ni los países agrícolas europeos han acatado esa premisa.

No sería ya una sorpresa para los dominicanos, que la representación comercial de los Estados Unidos en el país venga mañana con algún requerimiento adicional, o endurezca la posición en alguno de los pedimentos que hasta ahora, y repetimos, no se presentaron en las negociaciones iniciales.  Los representantes dominicanos que pensaron que de verdad iban a concertar, se han llevado tamaña sorpresa al despertar de su quimera.

Debemos repetir que en materia agropecuaria existen productos que podrán competir dentro del DR-CAFTA, tales como los vegetales orientales, los frutales denominados exóticos (mangos, aguacates, bananos, limones, guayabas, etc.,), los vegetales obtenidos en invernaderos y el cacao.

Para que el café pueda sobrevivir, el mismo deberá ser orgánico o clasificado dentro de los “cafés especiales”.

Este es el panorama que vislumbramos y ojalá nos equivoquemos, pero como he repetido hasta la saciedad esta frase, lo haré de nuevo: “Cuándo se ha visto que un gigante se una con un enano para beneficiar a este último”.