Es imposible que puedan pasar desapercibidos a nuestra sensibilidad humana los acontecimientos sangrientos que se han venido sucediendo en nuestra pequeña geografía insular de un tiempo a esta parte.

Son muy preocupantes, no solo los que son producto de los arrebatos pasionales de descerebrados aferrados al amor ilógico e improcedente hacia sus exparejas, sino en sentido general.

La violencia con armas de fuego es un problema contemporáneo de derechos humanos de alcance mundial que amenaza el derecho más fundamental de todo ser humano, el derecho a la vida.

Buscando soluciones al problema, el Ministerio de Interior de pasadas administraciones, creyó que con la prohibición a la importación de armas el problema estaba resuelto. Nada más lejos de la verdad y del pragmatismo necesario para enfrentar este flagelo.

Después de esa prohibición algunos comercios y personas independientes allegadas al ministerio conseguían la autorización de importación de armas y las negociaban a precios excesivos.

Para analizar el problema debemos partir del axioma topológico de que este es un país que está armado. Una parte de esas armas recae en las manos de las Fuerzas Armadas y la Policía y la otra en manos de civiles. De estos últimos, se podría decir que la mayor parte de esos artefactos de muerte no están registrados en el Ministerio de Interior y por tanto su detentación es ilegal. La menor parte de ellas están en la base de datos del ministerio y las estrías de todas ellas están registradas en la base de datos del Sistema Nacional de Armas (SISNA).

El SISNA es una iniciativa clave para la prevención del delito, que registra y cataloga las informaciones físicas y biométricas más relevantes de las armas de fuego legales y de sus propietarios. Esa institución es la garantía de que cualquier proyectil que haya sido usado para cualquier tipo de agresión permita identificar y localizar con facilidad al agresor. Por eso es tan importante que las armas en poder de los civiles sean legales.

Hace poco vimos en las redes un video de una banda que exhibía ante un periodista varios fusiles M-16, que aparte de ilegales, son armas de guerra.

Todas las armas ilegales entran por los puertos, aeropuertos o por la frontera, por lo que hay que mantener una alerta efectiva y constante.

Nuestra humilde opinión es, que además de combatir la entrada ilegal de armas, debería permitirse la importación y la venta en tiendas especializadas, porque eso con- llevaría mayor control.

Ahora bien, todo el que se disponga a adquirir un arma nueva o usada debería someterse a un exhaustivo examen psiquiátrico que garantice que el comprador está capacitado mentalmente para poder hacer un uso adecuado de ellas. Este examen debería hacerse también a los militares y policías, porque ha habido miles de casos en estos grupos que demuestra que muchos no han estado en condiciones mentales adecuadas cuando las han usado.

En algunos casos la Policía y los encargados de hacer cumplir la ley ejercen indebidamente su derecho al uso de la fuerza, lo que tiene consecuencias mortales. Las fuerzas policiales están armadas pero no han sido entrenadas adecuadamente para valorar cómo y cuándo deben utilizar sus armas

Ojalá llegara el día en que todo habitante de esta media isla no necesitara estar protegido por estos adminículos letales y podamos gritar a todo pulmón: ¡Adiós a las armas!