La petición de destitución de los titulares de la Cámara de Cuentas es un desafío al Senado, a la Comisión Nacional de Etica  y al sistema político y pretende salvar los sueños de transparencia de los últimos años

POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ

En cualquier nación donde se tenga un mínimo respeto por el imperio de la ley el acontecimiento político de la semana sería la petición de un grupo de entidades y ciudadanos para que el Senado destituya los jueces de la Cámara de Cuentas (CC), y estaría siendo respaldada por los medios de comunicación y las «instituciones del sistema».

Lo que se condena no es tanto el que esos funcionarios se hayan auto elevado sus sueldos en grosera proporción, sino que lo hicieran con triple violación de una ley de austeridad que acababa de ser   promulgada y que los investía precisamente a ellos como vigilantes de su cumplimiento.   

La petición pone a prueba una vez más a los organismos llamados a velar por el cumplimiento de la ley, como el Congreso Nacional,   la Comisión Nacional de Etica y a todas las instituciones políticas y sociales que en los últimos años habían alentado los sueños de transparencia y desarraigo de la corrupción.

En defensa de la ley

Mas allá de la grosería de un aumento de sueldos del 72 por ciento para funcionarios públicos que ya recibían 261 mil pesos mensuales y que acababan de ser designados como titulares de la CC, lo que se busca sancionar con la instancia depositada el martes 29 en el Senado es una triple violación de la ley 497-06, Sobre Austeridad en el Sector Público.

Si fuera simplemente la procedencia o no del aumento, todo quedaría zanjado con su revocación, dispuesta el 16 de mayo por los mismos miembros del organismo. Pero las organizaciones y 180 personas firmantes de la solicitud de destitución se refieren a la violación de la ley 497-06, apenas tres semanas después de su promulgación el 28 de diciembre del 2006.

Comienzan citando el artículo 1 de la esa ley, con la que se pretendió justificar un quinto incremento tributario en cuatro años, y tercero en poco más de dos años que entonces llevaba el actual gobierno. Allí se disponía una reducción de sueldos para los altos funcionarios, del 15 por ciento para esa ínfima minoría que recibe más de 200 mil   pesos mensuales.

Se refieren también al artículo 11, donde se consigna que «el Contralor General de la República y la Cámara de Cuentas de la República Dominicana tendrán la obligación de velar por el cumplimiento de esta ley y de aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo con la Ley de Planificación e Inversión Pública.

Pero ocurre que los 9 titulares de la CC, aunque sin el voto de su presidente, en vez de reducirse el 15 por ciento que mandaba la ley, se elevaron sus ingresos en 72 por ciento para llevarlos de 261 mil a 449 mil 994 pesos. Ahí ya van dos violaciones a la Ley de Austeridad, y la tercera fue porque ellos mismos eran los responsables de su cumplimiento. Otro agravante fue que pretendieron ocultar un  incremento tan elevado bajo el capítulo de dietas.

Los peticionarios de la destitución se refieren también al comunicado firmado por 8 de los 9 miembros de la CC y publicado en los diarios el 17 de mayo, donde indican que «con ese aumento los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas enviábamos la clara señal de que en nuestro accionar sólo contaríamos con los ingresos legalmente establecidos, y que bajo ningún concepto admitiríamos otros para ser complacientes u ocultar los resultados de las auditorías debidamente concluidas».

¿Razones suficientes?

La instancia suscrita por 31 instituciones, entre las cuales al menos una, el Foro Ciudadano, agrupa a más de 150 organizaciones de los más diversos sectores, concluye en que una vez derogado el aumento la clara señal o garantía de honestidad no existe, generando una «pérdida total de la credibilidad de que la que deben estar dotados los miembros de un organismo llamado a examinar el uso de los fondos públicos»

En consecuencia, solicitan del Senado la destitución amparándose en el artículo 14 de su ley orgánica, según el cual «Los miembros de la Cámara de Cuentas sólo podrán ser separados de sus cargos durante el ejercicio de su   mandato por el Senado de la República en virtud de decisión motivada por incumplimiento de sus responsabilidades o por la comisión de graves irregularidades, previo estricto respeto del derecho de defensa».  

Más allá de la honestidad de que puedan estar investidos los funcionarios cuestionados, y hasta de su rectificación, lo que plantea la instancia es que esa triple violación   de la ley 497-06 es un hecho grave y conlleva el incumplimiento de las responsabilidades que la misma puso a cargo de los titulares de la CC.

Lo que está en juego y causa indignación en sectores pensantes de la nación, es si alguna vez comenzará esta nación a sancionar las violaciones abiertas a las leyes. No se pide sancionar un acto de corrupción, sino de violación de la letra y el espíritu de una ley que acababa de ser aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Presidente de la República.

Por mucho menos que eso, por gestionar un aumento de sueldo para su novia, ha tenido que renunciar a su cargo el presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz. En Japón el Ministro de Agricultura, Toshikatsu Matsuoka, se suicidó esta semana horas antes de ser interpelado en el Parlamento por presuntas irregularidades. Y un ejecutivo de una empresa vinculada siguió su camino horas después.

Una arraigada cultura

Es muy probable que la mayoría de los suscribientes de la instancia depositada en el Senado estén conscientes de las pocas posibilidades que tienen de conseguir la demanda, ya que en el país hay una cultura bien arraigada de justificación de todo género de violación de la Constitución, las leyes, los decretos, los pactos y consensos.

Ya el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor César Pina Toribio, en vez de condenar la violación de la ley promulgada por su gobierno, restó importancia a la misma, estimándola superada por la rectificación tras el escándalo público.

El director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa de la Procuraduría General de la República, doctor Octavio Líster, pidió que perdonaran a los miembros de la CC.

Llamó la atención que el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez no recibiera personalmente la instancia pese a que directivos de las instituciones que la sustentan habían solicitado una cita para ello. Como si se temiera siquiera que pudieran pensar que le daban importancia.

No pasa desapercibido el hecho de que los legisladores de oposición no hayan estado a la cabeza de los cuestionamientos a la CC como hubiese ocurrido en una nación de sólidas instituciones apegadas a la ley. Se supone que el Congreso Nacional es la primera institución llamada a velar por el cumplimiento de las leyes que aprueba.

No quieren precedentes       

Tampoco en el discurso de los líderes de los partidos de oposición se registra preocupación por la violación a la ley, ni en el caso de la CC ni en muchos otros, ni siquiera cuando involucra al mismo Poder Ejecutivo.

Parecería que en el sistema político nacional no hay el menor interés en sentar un precedente como el de sancionar la violación de una ley. Al fin de cuentas también el propio Poder Ejecutivo ha violado la misma Ley de Austeridad con la que se comprometió a reducir su gasto corriente en 17 mil 500 millones de pesos durante este año. Ya en el primer trimestre del año los elevó en 14 por ciento.

Sin embargo, más allá de sus posibilidades de concretización, la instancia sobre la CC no deje de ser un nuevo reto al sistema político y a las promesas y sueños de transparencia de los últimos años, que parecen estar en vías de desaparición.

El desafío toca particularmente a la Comisión Nacional de Etica y Transparencia, presidida por el doctor José Joaquín Bidó Medina, ya dejada mal parada desde que cuestionó contratos de la Oficina Presidencial de Tecnología. Frente a posteriores escándalos la comisión ha optado por una posición de bajo perfil, frustrando las expectativas que conllevó su creación al comienzo del actual período gubernamental.

En sectores de la sociedad civil se registra también una reducción del interés por la transparencia y sanción de la corrupción. El creciente ausentismo de las instituciones empresariales y sus vinculadas ha debilitado la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, que fue tan vital hasta hace poco.

Ese ausentismo se siente también en el Foro Ciudadano creado hace una década, y del cual forman parte la mayoría de las instituciones del empresariado. Ninguna aparece firmando la instancia llevada al Senado esta semana. Por separado también han optado por expresiones más conservadoras y distantes de la lucha contra la corrupción.

En conclusión, que las perspectivas de que la instancia prospere son muy remotas, lo que no le resta validez. Aunque parecezca radical, algunos en esta nación tienen que reivindicar el imperio de la ley por encima de los intereses personales y grupales, siquiera para mantener encendida la esperanza de que alguna vez predomine la institucionalidad democrática.-