Las suspicacias de la sociedad sobre la calidad de la justicia que se administra en el país encuentran un punto de apoyo en la investigación abierta por el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, sobre las conductas de seis jueces a los que atribuye supuestas maniobras para beneficiar a inculpados de delitos relacionados con el narcotráfico.

Los trámites formales encaminados por el Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia, y el curso que ésta les ha dado, permiten captar la gravedad y delicadeza del asunto.
En el entramado general de delincuencia e inseguridad en que está entrampada la sociedad dominicana, la permeabilidad de las instituciones y la impunidad constituyen factores preocupantes que justifican comprensibles dudas. Altos rangos policiales y militares ligados al crimen organizado ya no son cosas extrañas.

Hay quienes señalan la inconsistencia de expedientes acusatorios como parte de una práctica para favorecer inculpados, y ahora se investiga a jueces sobre alegadas prácticas innobles.
Por bien de la sociedad, la investigación debe arribar a la mera verdad y acarrear las consecuencias que se deriven de las comprobaciones. Las garantías jurídicas del país no pueden estar asentadas sobre dudas y sospechas. La Suprema Corte de Justicia tiene en sus manos una grave responsabilidad.