La administración pública de la República Dominicana se ha caracterizado históricamente por la fragmentación, una cultura burocrática y una débil orientación hacia el desempeño, por eso la nación ocupa el puesto 81 entre 193 países en el índice de servicios en línea en la Organización de las Naciones Unidas.
Así lo expresó la representante del Banco Mundial (BM) en República Dominicana, Alexandría Valerio, en la apertura del “Primer Encuentro Nacional sobre Reforma y Modernización de la Administración Pública: Hacia un Pacto Nacional por la Institucionalidad en RD”, organizado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y su titular, Darío Castillo Lugo.
Señala que el gobierno central comprende 23 ministerios con más de 300 agencias dependientes, que tienden a operar implementando programas, regulaciones y procesos, sin considerar los requisitos de otras entidades.
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Indica que las ineficiencias dificultan la prestación de servicios y los trámites en RD, como todos los han vivido en algún momento.
Subraya que se desconoce el número total de trámites y la visión del ciudadano influye muy poco en su diseño.
Subraya que los trámites tienden a ser innecesariamente complicados y la mayoría requiere procesamiento manual y en persona, trasladando costo y burocracia a los usuarios del servicio.
“Hasta ahora son pocos los trámites que son ciento por ciento digitales, aunque quiero resaltar que existen iniciativas muy importantes que apuntan hacia .una digitalización total”, expone.
Resalta, no obstante, el Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública, que se ha propuesto fortalecer la capacidad institucional para el diseño e implementación de políticas públicas y aumentar la eficiencia para mejorar la calidad de los servicios, elevando así la confianza entre los ciudadanos y las instituciones.
Voluntad del gobierno
Durante el acto, organizado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y su titular, Darío Castillo Lugo, la vicepresidenta Raquel Peña destacó la decisión y la voluntad firme de gobernar del presidente Luis Abinader, apegado a los principios constitucionales, al marco jurídico y a las mejores prácticas de transparencia y eficiencia.
Con esto, indicó, envió un mensaje claro a una nación abrumada por la corrupción y el nepotismo, que levantaba su voz reclamando legalidad, justicia y transparencia.
A la vez, expuso, se inició el desmonte de una serie de entes públicos, algunos de ellos caídos en desuso o creados por decisiones coyunturales para satisfacer aspiraciones personales, la mayoría de los cuales se habían acumulado en torno a la Presidencia de la República y claramente usurpaban atribuciones a instituciones tradicionales de nuestra arquitectura organizativa.
Peña explicó que en ese sentido, realizan una tarea de transformación, disolución, reducción y transferencia de órganos como el Despacho de la Primera Dama, la OISOE, el CEA, la CEDEE, el Programa de Visitas Sorpresas y otras.