La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales admitió los desequilibrios financieros que afectarán el desenvolvimiento de la seguridad social.

En una circular dirigida a los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social, fechada el día 26 del pasado mes, el doctor Bernardo Defilló Martínez planteó que se proponga en su oportunidad al Congreso Nacional «el hacer equivalentes los salarios mínimos nacionales cotizables tanto para el área de las pensiones como para la salud, lo que eliminaría la inequidad y desequilibrios actuales del sistema de la seguridad social».

El sistema de pensiones establece como tope para los aportes 20 salarios mínimos cotizables.

En cambio, en el sistema de salud se establece como tope en la Ley 10 salarios mínimos cotizables, pero la situación planteada por el sector empleador, que siente que está cargando muy pesado en la seguridad social, el CNSS dispuso por resolución bajar el tope al equivalente de seis salarios mínimo promedio nacional.

En la carta señalada, Defilló Martínez sugiere que «el CNSS restablezca mediante resolución los 10 salarios mínimos promedio nacional como límite máximo para fundamentar el cálculo del SRL (Seguro de Riesgos Laborales), con la finalidad de lograr los suficientes recursos para su adecuada operación».

La adopción de esta medida implicaría echar para atrás la resolución que había adoptado al respecto el CNSS.

Defilló sostiene que el seguro de riesgos laborales sólo cuenta con los recursos económicos provenientes de un salario cotizable máximo equivalente a 10 salarios mínimos promedio nacional, de los cuales las instituciones del sistema acordaron reducirlo a seis con el fin de lograr el inicio de dicho seguro.

Sin embargo, sostiene que de acuerdo a estimaciones de la Superintendencia y con los datos ofrecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el curso de una consultoría formal al país, tales ingresos resultarían insuficientes.

En cuanto al plan básico, su costo per cápita fue calculado en junio del 2003 en 3,015 pesos, cuando la tasa de cambio estaba en 29 pesos por dólar, pero con una tasa de cambio de 50 pesos por dólar y una inflación el año pasado de 42.7 por ciento y proyectada para ese año en 14 por ciento, hay quienes estiman que ese costo ha aumentado en más de un 100 por ciento.

Ante esa situación, se teme que si el plan básico de salud se inicia el 1 de abril, como ha sido programado, si una revaluación de esa situación, podrían surgido serios problemas financieros para la operatividad del sistema.

Contrario a la posición de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales de que el problema sea resuelto por la vía de una modificación de la ley, hay quienes sugieren que una actualización del costo del sistema o una reducción de las prestaciones, o una combinación de ambas medidas.

«No sería sensato iniciar el sistema sin corregir el problema de costos, a menos que imponga una decisión política al margen de la viabilidad financiera de la reforma de la salud», se explicó.