El Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) advierte  sobre las consecuencias que tendría para la municipalidad en el país, que la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) se imponga por encima de la ley y las instituciones con la construcción de un puente peatonal en la autopista 30 de Mayo a favor de una institución privada y en contra del espacio público.

El arquitecto Andrés Navarro, secretario general del ADN, expresa que el cabildo no ve el conflicto por un puente peatonal, sino un precedente dañino para la gestión, no solo para Santo Domingo, sino para todas las ciudades del país, por lo que los gobiernos locales deben verse en el actual atropello  que se pretende con el cabildo del Distrito Nacional.

Sostiene que organismos de tal magnitud, como la Jurisdicción Inmobiliaria, no emite, títulos de propiedad y deslinde hasta tanto los ayuntamientos no certifican si la propiedad corresponde a un espacio público o no. Sostiene los promotores de construcción y los propios organismos del Estados acuden a los cabildos para que les aprueben los planos, ya que son los gobiernos locales quienes designan el dominio público en el territorio.