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Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO).
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) afirmó este martes que en la remodelación del Hospital traumatológico Doctor Darío Contreras, se produjo una sobrevaluación por más de 500 millones de pesos, en virtud de que la obra objeto de una licitación pública y adjudicada al Consorcio Proyecciones Luxor por un monto de Ochocientos Ochenta y Seis Millones Quinientos Mil Pesos (RD$886,500.000.00), elevándose el mismo finalmente a la suma de Mil Quinientos Cincuenta Millones de Pesos (RD$1,550,000.000.00), sobrepasando considerablemente lo establecido por la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, cuando se requiere de una modificación de una obra pública contratada.
El coordinador de ADOCCO, Julio César de la Rosa Tiburcio, destacó que luego de realizado un contrato de obras, éste podría modificarse, siempre y cuando no varíe el objeto y su incremento en costo no supere el 25% del precio establecido en el contrato original, como se puede verificar en el Articulo 31 de la Ley 340-06, modificada por la Ley 349-06 que reza: La entidad contratante tendrá las facultades y obligaciones establecidas en esta ley, sin perjuicio de las que estuvieren previstas en otra legislación y en sus reglamentos, en los pliegos de condiciones, o en la documentación contractual.
Dijo que la sobrevaluación de obras públicas es la practica más recurrente de corrupción administrativa y se disfraza siempre con las enmiendas de los contratos, como se desprende de las declaraciones del director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) cuando defendió el costo que finalmente tuvo la readecuación del Hospital traumatológico, al decir “ Que a medida que avanzaban los trabajos del hospital, se dieron cuenta de que la vieja estructura no soportaba remodelación y tuvieron que hacerlo prácticamente nuevo, e indicó además que en lugar de un área de construcción de 10 mil metros cuadrados, ahora hay más de 22 mil”.
Solicitó a la Cámara de Cuentas de la República para que realice una auditoría con carácter de urgencia a la referida obra, para que junto a la experticia y los documentos e informaciones testimoniales que dicen poseer, proceder de inmediato a someter a la justicia a los funcionarios de la OISOE y empresas e ingenieros contratistas.
