La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) solicitó a la Cámara de Cuentas incluir en el cronograma de auditorías correspondiente al año 2017, las pasadas gestiones en 20 instituciones estatales, entre ministerios, direcciones, alcaldías y juntas distritales.

En comunicación enviada a la institución, Adocco precisó que estas entidades son los ministerios de Obras Públicas, Educación, Medio Ambiente, así como la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, Unidad de Adquisición de Terrenos para la construcción de escuelas del Ministerio de Educación, Plan Social de la presidencia, Comedores Económicos, Fondo Especial para el Desarrollo AgropecuarioInstituto de Bienestar Estudiantil, y otras.

También fueron incluidos en la solicitud varios ayuntamientos y juntas distritales, destacándose entre ellos Ayuntamiento del municipio de Santiago, Ayuntamiento Santo Domingo Oeste, Ayuntamiento Santo Domingo Norte, Ayuntamiento la Vega, Ayuntamiento San Juan de la Maguana, Ayuntamiento de Boca de Chica, Ayuntamiento El Cercado, y la Junta Distrital de Verón-Punta Cana.

Agregó que éstas fueron objetos, durante la gestión pasada, de denuncias por la comisión de irregularidades por parte de los responsables de esas instituciones públicas, por lo que se hace urgente saber la realidad de lo que administrativamente en las mismas ocurrió, «para actuar en consecuencia y enviar la señal de que quien incurra dolo en el manejo de la cosa pública tendrá que responder por ello ante los tribunales judiciales del país».

“La presente solicitud la formulamos en atención a lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas que establece en el acápite 4) Control social», indicó.

Resaltó que para tal efecto, los organismos públicos deberán facilitarle la información pertinente y la asesoría y mecanismos de coordinación, dentro del marco de su competencia.

Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de Adocco, anunció que en los próximos días seguirá solicitando la inclusión en la agenda de entidades a ser auditadas, a todas aquellas gestiones cuestionadas por violar la ley de compras y contrataciones públicas, 340-06 y la ley 176-06 que rige los ayuntamientos, así como cualquier disposición constitucional.