La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) le solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia y al procurador general de la República, para que no detengan las investigaciones de jueces y fiscales de la provincia San Cristóbal, sino que las mismas se extiendan a toda la geografía nacional.

A juicio de Julio César De la Rosa Tiburcio, Coordinador General de ADOCCO, la percepción de la población dominicana es que en el Poder Judicial hay corrupción, por lo que la imagen de credibilidad que tiene la justicia como institución confiable, se ha deteriorado, principalmente en el interior del país donde a diario se producen escándalos por las actuaciones de jueces y fiscales.

La solicitud de la entidad anticorrupción se produjo a propósito de las investigaciones realizadas por el departamento de inspectoria de la Suprema Corte de Justicia en el departamento judicial de San Cristóbal, cuyos resultados liberan de responsabilidad a los jueces de allí y en cambio acusan a los fiscales de la comisión de actos de corrupción, provocando que la Procuraduría General de la República ordenara una investigación, mediante la circular 579, designando para tales fines a los procuradores adjuntos Ramón Arístides Madera Arias y Bolívar Sánchez, y al fiscal adjunto Edward Núñez.

De acuerdo a ese informe, que tuvo como objetivo investigar la actuación de la jueza Regina Carvajal Vizcaíno, los inspectores dijeron que «los fiscales de San Cristóbal no tienen calidad moral para cuestionar a la magistrada de cometer actos de corrupción porque quienes sí están altamente cuestionados son algunos de ellos».

“En sondeos realizados por ADOCCO, se ha encontrado con la desagradable expresión de que la justicia dominicana es un “Mercado” dejando de lado la percepción que tenia la población de la justicia, junto a la iglesia formaban parte de las instituciones de mayor confianza y credibilidad, lo que debe ser retomado con las acciones disciplinarias que tanto la suprema como la procuraduría, deben imponer a sus subordinados, en aras de la institucionalización de la República Dominicana” acoto De la Rosa Tiburcio.

“lamentablemente los usuarios de la justicia no tienen donde externar sus quejas, por lo que sugerimos aperturar un canal de control interno, que permita que los dominicanos, puedan tramitar sus inconformidades ante las actuaciones de jueces y fiscales, que se han constituidos en caciquitos, afectando a ciudadanos que no tienen quien abogue por ellos”. Termino diciendo el Coordinador General de ADOCCO.