La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), consideró hoy que la Junta Central Electoral (JCE) debe convocar a una cumbre donde participen todos los sectores de la vida nacional, bajo el único compromiso de evitar que se produzcan hechos de violencia que pudieran empañar el ejercicio soberano que encarnan las elecciones de mayo 15.

La entidad señaló en la cumbre deben participar principalmente los líderes de los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil como los colegios de abogados, médicos, periodistas, sociedad de medios, líderes de opinión, así como los representantes de organismos multilaterales,

Indicó que constituye una preocupación el hecho de que partidarios de los mismos partidos o coaliciones sean quienes se están enfrentando de manera violenta, como se ha podido verificar con la muerte del ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y candidato a senador por San Cristóbal, Mateo Aquino Febrillet.

Agregó que lo mismo ha sucedido con dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, durante su proceso interno el pasado diciembre.

Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, coordinador general de ADOCCO, solicitó del presidente del organismo comicial Roberto Rosario, para que en su condición convoque con carácter de urgencia la citada cumbre, «en momentos que se advierte que el proceso podría verse salpicado con sangre por la complejidad de unas elecciones múltiples en donde los competidores no son entre parcelas diferentes, sino que por el tema del voto preferencial en las congresuales la competencia es entre miembros de los mismos partidos y coaliciones».

Solicito además del jefe de la Policía Nacional y del Ministro de Defensa que ordene la incautación de todas las armas asignadas por ambas instituciones a políticos y particulares amparados en los famosos formularios 25, luego de comprobarse que el arma con la que se le habría dado muerte al ex rector de la UASD, Mateo Aquino Febrillet, estaba amparado por esa práctica de la Policía Nacional de conceder privilegios a personas de “renombre o solvencia” y con ello contribuir al desarme de la población civil «y controlar el uso de esas armas destructoras de vidas sanas y productivas».