La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) pidió la renuncia de los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, ante lo que considera evidente fracaso al no cumplir con su rol constitucional de vigilar el gasto del Gobierno y establecer los mecanismos de controles externos de los recursos de las instituciones  que reciben fondos públicos del Presupuesto del Estado.

La Adocco fundamenta su pedido en lo que dispone el artículo 246 de la Constitución  de que  el control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República.

El coordinador general de Adocco, Julio César de la Rosa, dijo  que las declaraciones vertidas por la presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte de Barrios, son incontrovertibles por ser el organismo que ella preside el que realiza las auditorías, lo que, explicó, constituye una  autoincriminación y manifestación del  poco  esfuerzo que ha realizado para evitar el despilfarro de los recursos públicos.

“La Cámara de Cuentas es un ente autónomo y exclusivo de acción reconocido por la ley para establecer responsabilidades en materia civil, penal y administrativa, por lo que ante la irresponsabilidad del Ministerio Público para accionar contra los depredadores de la cosa pública, ella ha debido hacerlo de manera directa”, indicó  De la Rosa.

Agregó que la Ley Orgánica de la Cámara de Cuentas No. 10-04 le asigna competencias como la de establecer las responsabilidades sobre los hechos de  los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Citando el artículo 48 de la misma ley,  dice que se debe establecer la  responsabilidad civil de los servidores públicos de las entidades y organismos sujetos a esta ley y se tomarán medidas de acuerdo al  perjuicio económico demostrado.

Para Adocco, las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Cuentas de que con los dineros que se ha llevado la corrupción pudieran funcionar dos República Dominicana, confirma las denuncias que ha realizado y constituye una falta grave en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir con las responsabilidades encomendadas, siendo pasible de ser sometida a un juicio político.