Hoy 
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) solicitó hoy a la Cámara de Cuentas de la República, la realización de auditorías a 15 obras, por considerar que están sobrevaluadas.
ADOCCO manifestó que entre las obras sobrevaluadas para las cuales solicita auditoría, están la construcción del Puente Mauricio Báez, sobre el río Higuamo, el Puente Guido Gil, sobre el rio Soco, la carretera Constanza, provincia La Vega, inaugurada en el año 2010.
También se encuentran la construcción de la carretera Jarabacoa – Constanza, la construcción Autovía Del Coral, provincias La Romana La Altagracia, inaugurada en el año 2012.
La entidad también solicitó auditoría para Merca Santo Domingo, Santo Domingo Oeste, el Instituto Tecnológico Comunitario (Community College), el comedor y la Torre Administrativa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) , así como la Biblioteca Nacional y Metropolitana.
ADOCCO expresó que demanda la auditoría, de la construcción de dos Hospitales del complejo sanitario Ciudad de la Salud, de la remodelación del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, y de la remodelación del Hospital General Padre Billini.
La solicitud comprende también las obras ejecutadas a instancias de la Empresa de Generación Hidroeléctrica dominicana (EGEHID) y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, en las que se encuentran la Presa Hidroeléctrica Pinalito, provincia Monseñor Noel, inaugurada en el año 2009 y la Presa Hidroeléctrica Palomino, provincia San Juan de la Maguana, inaugurada en el año 2012.
En visita realizada por una comisión de la entidad de lucha contra la corrupción a la sede del organismo fiscalizador de los recursos del estado, encabezada por su Coordinador General Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, Rigoberto Rosario, Yuscil Chez y Freddys Ramírez, quienes hicieron entrega del documento de solicitud de las experticias, le destacaron que la solicitud la hacen respondiendo a lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas que confiere a la población el derecho de contribuir en la investigación de la corrupción.
