El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César De la Rosa Tiburcio, calificó hoy como sospechosa la diferencia «abismal» que presenta el patrimonio de funcionarios que antes de ser designados en la administración pública, se desempeñaban como empresarios.

De la Rosa Tiburcio indicó que hay evidencias de funcionarios que antes tenían empresas de diversos rubros y que aunque eran productivas, no alcanzaban el nivel patrimonial que presentan hoy día.

Sostuvo que lo antes dicho se desprende de las declaraciones juradas de patrimonio presentadas al ser designados, y la presentada al ser ratificados en los puestos, «guardando una diferencia abismal que de cumplirse la ley de declaración jurada hubiesen sido investigados por enriquecimiento sin causa».

De igual forma, el presidente de Adocco lamentó que los funcionarios implicados en actos de corrupción no sean sometidos a la justicia y que, por el contrario, el Poder Ejecutivo se limite a destituirlos.

“Resulta lastimoso cómo funcionarios que fallan a la ley se les juzgue con una simple destitución”, dijo De la Rosa Tiburcio al referirse al caso del ex director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Diandino Peña, quien fue destituido por el presidente de la república Danilo Medina el pasado viernes.

Señaló que en este caso se puso en evidencia la omisión de informaciones que deberían estar en su declaración jurada de patrimonios, conforme a la ley 311-14 que establece prisión para aquellos declarantes que hayan falseado la información declarada.

Resaltó que existe un patrimonio que se desarrolla durante el ejercicio al frente de una institución del Estado, administrando recursos, y durante ese mismo tiempo es cuando se produce ese crecimiento patrimonial, además de la transferencia de bienes a nombre de su familia.

De la Rosa Tiburcio manifestó que si se hace una investigación, se podrá comprobar que ese patrimonio no lo desarrollaron sus hijos.

Odebrecht. Al referirse al acuerdo entre Odebrecht y la Procuraduría General de la República, el presidente de ADOCCO expresó que la falta de institucionalidad en el país es visible, ya que si las instituciones funcionaran se le hubiese dado el seguimiento correcto a todo aquel que está vinculado a la administración pública, pudiendo rápidamente entrelazar culpables.

Agregó que lo más importante del acuerdo es la admisión y el compromiso de que en un momento determinado con un proceso de negociación dar informaciones sensibles que no iban a estar en el paquete que recibirá la Procuraduría el primero de junio.

“Yo creo que habrá informaciones que podrán verse si hay voluntad política y si se construye un andamiaje jurídico que realmente pueda dar respuesta efectiva a partir de esa intención, que si no la hay evidentemente vamos a seguir haciendo acopio de informaciones que pueden ser validas si no hay esa decisión importante de quienes dirigen el destino del país pues evidentemente vamos a caer en los mismo”, apuntó.