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El presidente de la Asociación Dominicana de Abogados (ADOMA), licenciado Jhonny Aristy Tejeda, condenó la agresión al Defensor del Pueblo y personal de la prensa por parte miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), quienes obstaculizaron la inspección que tenía programada en el Centro de Retención Vehicular El Coco (Canódromo).
En ese sentido, lamentó el atropelló del cual fueron víctimas Pablo Ulloa, periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos, al tiempo que pidió a las autoridades competentes una sanción ejemplar.
“Externamos nuestra solidaridad con el Defensor del Pueblo y los medios de comunicación que fueron víctima ante dicho atropello en violación a las normas constitucionales y la libertad de prensa”, expresó Aristy Tejeda.
Asimismo, puntualizó, que el Defensor del Pueblo es un órgano con rango constitucional, la cual tiene autoridad independiente en su actuación para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas e intereses colectivos en virtud de sus atribuciones establecida en los artículos 190 y 191 de la constitución.
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Además, destacó, que la actuación del Defensor de Pueblo está amparada en el artículo 3 de la Ley 19-01, el cual establece que Ulloa esta “investido de pleno poderes y facultades a fin de iniciar, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación que conduzca al esclarecimiento de actos u omisiones del sector público y de entidades privadas que presten servicios públicos”.
El titular de ADOMA, subrayó, que además se violentó el ejercicio pleno de la libertad de prensa, de la cual disponen los Medios de Comunicación de expresar, difundir e informar a la población de los hechos noticiosos.
El jurista reclamó el respecto a la institucionalidad por parte de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), lo cual contrasta con su misión que es garantizar el orden y cumplimiento de la ley dentro del marco del respecto. Lo que se evidenció en dicho acto bochornoso de los agentes actuantes, es que carecen de profesionalidad y desconocimiento absoluto de la ley.
“Las instituciones deben velar para garantizar el estado de derecho consagrado en la Constitución de la República”, agregó el abogado.
