Hoy 
La Asociación Dominicana de Abogados (ADOMA) informó ayer que propondrá a la jueza de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo Katia Miguelina Jiménez Martínez como jueza del Tribunal Constitucional.
Los dirigentes de Adoma dijeron que harán uso de la posibilidad constitucional que le permite a la sociedad hacer propuestas para someter su petición al Consejo Nacional de la Magistratura.
La magistrada Katia Miguelina, por su sobresaliente formación académica y humanista, debe ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional, dijeron los dirigentes de Adoma en declaraciones ofrecidas ayer a la prensa.
Consideraron, además, que se trata de una miembro de la carrera judicial con 12 años en el poder judicial y tres en el Ministerio Público, que aparte de una rica experiencia en la judicatura, posee maestría en Derecho Constitucional, lo que redundaría en beneficio de la implementación de ese nuevo e importante órgano de justicia especial en el país, dijo la entidad que agrupa a los abogados.
Adoma, el gremio de abogados más viejo del país, hizo un llamado a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para que la magistrada Jiménez Martínez sea designada jueza del Tribunal Constitucional.
Considera Adoma que de ser aceptada su solicitud, sería una muestra de diafanidad de la escogencia y de que los nuevos magistrados de los dos más importantes tribunales no serán producto de amarres políticos, sino de personas de una impoluta y decorosa trayectoria.
El 20 de diciembre pasado, el Senado declaró de urgencia y aprobó en dos sesiones consecutivas el proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, haciendo cambios al proyecto sometido por el Poder Ejecutivo.
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La Cámara de Diputados convocó a todos sus miembros para hoy a las 11:00 de la mañana a una sesión cuyo único punto será el conocimiento de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que le fuera remitido por el Senado que lo aprobó de urgencia.
Magistrada Jiménez
La magistrada Jiménez sugirió en su libro poner límites a la prensa en la cobertura de casos judiciales, lo que fue rechazado por muchos y consentido por otros.
