Es frecuente que las autoridades anuncien la destitución de jueces, fiscales, oficiales y rasos policiales, a causa de delitos graves, tales como vinculación con narcos y bandas de delincuentes, y por extorsionar a ciudadanos. En los partes noticiosos suelen faltar las sanciones disciplinarias y el debido sometimiento a la justicia ordinaria.

Nadie debe ignorar que el sistema, “el establecimiento”, tiene por norma ordenar o instar a los jefes policiales y a los agentes a tener “manos duras” con los delincuentes (de cuello negro). Ha sido una idea maquiavélicamente elaborada, la de tener a mano una organización de jueces, fiscales y agentes mal pagados, obligados así a corromperse y a estar sujetos a la extorsión y el chantaje de los gobernantes y los poderes establecidos.

Cuando a esos funcionarios y agentes solamente se les da de baja sin ser castigados por sus delitos, se envía el mensaje a los demás funcionarios y policías de que delinquir no tiene mayor consecuencia que la de ser separados de sus puestos. Y de que puede bastar con tener “enllaves” dentro y fuera de la organización judicial o policial, para mantenerse adentro, o “convivir” con su institución desde afuera. Para la ciudadanía, el mensaje es que debe temerse a la policía, a fiscales y jueces, porque el gobierno o Estado no responde por daños a civiles ni a terceros.

Estamos hablando de un “des-orden de cosas”, sostenido en el tiempo, no de una administración o jefatura en particular. De hecho, oficiales y ex jefes de la PN entienden que dar de baja a tantos malos agentes produciría más inseguridad y mayores riesgos para la población, porque sería enviar a más delincuentes a las calles, siendo menos gravoso para el país mantenerlos en la organización.

Debería ser una práctica rigurosa de las autoridades darles seguimiento a los policías dados de baja, de cualquier forma, honrosa o deshonrosa; llevar control sobre cómo y de qué viven los ex policías; cuál su situación económica, qué tan integrados están a la sociedad, y qué tan apreciados son como ciudadanos comunes. Y sobre todo, darles ayuda y asistencia, para que no tengan que hacer lo malo.

Jamás nadie minimice el hecho de que los agentes policiales, a menudo también los oficiales de baja y mediana gradación, quienes a menudo mueren en combate, sea por la causa que fuese. Y son los únicos servidores públicos que mueren en el servicio a su país. Porque los militares, de las tres ramas, nunca mueren defendiendo su patria, y ni siquiera atajando delincuentes, traficantes e indocumentados en el “borde” con Haití.

Nuestros ejércitos, desde las invasiones haitianas del siglo 19, jamás han muerto en el frente, borde o frontera. Solo los policías mueren en combate, y aunque cuidan defectuosamente el orden y la seguridad ciudadanos, ellos merecen mejores condiciones de trabajo, gratitud y respeto. Pero, tanto los policías, como los jueces y fiscales que delinquen deben ser sometidos a la justicia ordinaria. Y publicarlo.