La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) consideró que la actuación del Ministerio Público frente a posibles casos de corrupción responde no solo a un extendido reclamo de la sociedad, sino también a una obligación que le impone la Constitución de la República y su propia ley orgánica.

“Al igual que otros sectores de la vida empresarial e institucional del país, nuestra Asociación entiende que el Ministerio Público tiene plena facultad para investigar y proceder contra cualquier ciudadano nacional o extranjero que incurra en una eventual violación de nuestras leyes, siempre y cuando esa actuación se ajuste a las normas de nuestra legislación procesal”, indica Adozona en un comunicado.