Las doce seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) que conforman el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional anunciaron un paro de labores de 48 horas para el jueves 15 y viernes 16 de febrero, en rechazo de la Ordenanza 24-2017 y en reclamo de algunas reivindicaciones.
El presidente de la seccional Norte del Distrito Nacional, Franklin Ferreras, indicó que al iniciarse el segundo período del año escolar, los centros educativos no contaban con las partidas presupuestarias para los compromisos cotidianos, “lo que causó un mal funcionamiento en las escuelas”.
Acusó además al ministro de Educación, Andrés Navarro, de desatender las necesidades de los centros educativos y obviar los compromisos con el magisterio. Sostuvo que las actitudes del ministro buscan desestabilizar el sistema educativo.
“Pero la peor decisión tomada por Navarro ha sido la implementación de la Ordenanza 24-2017, violentando con esta el Estatuto Docente y atentando contra la estabilidad y la paz laboral”.
Los dirigentes magisteriales llamaron a todos los sectores de la sociedad a prestar atención a los gastos que se están haciendo en el sector educativo; indicaron que todo el dinero de Educación se esta utilizando para colocar “apabullantes propagandas” a favor de promover la “candidatura presidencial” del ministro de Educación.
Denunciaron las cancelaciones de cientos de maestros y miles de empleados administrativos; además de la imposición a la Cooperativa Nacional de Maestros (Coopnama) de reducir los servicios que brinda a los asociados y la no aplicación del incentivo a profesores por la evaluación del desempeño.
Hicieron un llamado a todas las seccionales del país a unirse al paro de labores en solicitud de que sean atendidos sus reclamos.
Contra las huelgas. En marzo del pasado año, el magistrado Máximo Matos Féliz, del Juzgado de Primera Instancia de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo, le impuso el pago de un astreinte de RD$ 50,000 a la seccional de Barahona de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) por incumplir con el levantamiento de un paro de docencia en la provincia.
Matos Féliz basó su decisión en que el conflicto que los llevó a la huelga es entre el gremio y el Ministerio de Educación, y los estudiantes no deben ser un medio para solucionarlo.
El juez sustentó su fallo en que los profesores habrían violado los artículos 56, 62, 63, 65 y 74 de la Constitución; el 25.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
La decisión fue tomada tras conocer un recurso de amparo interpuesto por los abogados representantes de los estudiantes menores de edad y de los miembros de la Asociación de Padres y Madres de la escuela.