Aduanas afirma quieren frenar lucha al contrabando

Aduanas afirma quieren frenar lucha al contrabando

POR MARIO MÉNDEZ
La  Dirección General de Aduanas (DGA) atribuyó a intereses que procuran desprestigiar y reducir la lucha que libra contra el contrabando la denuncia y querella penal interpuesta por el señor Luis Manuel González contra su director general, el subdirector operativo, el procurador general del Distrito Nacional y un fiscal adjunto.

“No es la primera vez que personas imputadas de haber transgredido las leyes de aduanas, actuando individualmente o como mafia organizada de contrabandistas profesionales, pretenden eludir la aplicación inflexible de la ley y el pago de los tributos aduaneros levantando dudas sobre la legitimidad de las actuaciones de la Dirección General de Aduanas y de los funcionarios encargados de perseguir dichas infracciones”, expresa el órgano recaudador en espacio pagado publicado hoy en la prensa nacional.

Rechazó que al señor González le hayan sido vulnerados sus derechos, que se le hubiese retenido en la institución o arrestado ilegalmente, y que se le hubiese presionado, chantajeado o amenazado para constrenirle a la suscripción de cualquier documento que le obligue al pago de impuestos dejados de pagar productos de fraudes aduaneros.

“Por el contrario -expresa-, tras tenerse noticias de que el señor Luis Manuel González estaba incurriendo en infracciones a las leyes de aduanas, debidamente autorizada y con estricta sujeción a lo dispuesto por los artículos 5 y 6 de la Ley nº.3489 sobre el Régimen Legal de Aduanas, y sus modificaciones, esta Dirección por órgano de sus oficiales de aduanas procedió a interrogar al señor González así como a investigar, inspeccionar y fiscalizar las importaciones del sindicado señor Luis Manuel González, descubriéndose que estaba vinculado a una serie de empresas que se dedicaban a encubrir fraudes con facturas irreales y mediante el método de cambiar del régimen de consumo a zona franca para eludir el pago de los impuestos de ley”.

Aduanas explica que inmediatamente se percató de las referidas irregularidades notificó al señor González, “en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 118 de la citada Ley número 3489, los derechos e impuestos adeudados al fisco por concepto de reliquidación, ascendentes a la suma de RD$116,520, 381.28, a lo cual no obtemperó el señor Luis Manuel González, como tampoco las empresas vinculadas que utilizaba”.

Todas sus actuaciones en ese caso -refiere Aduanas- se realizaron con sujeción a lo dispuesto por la Ley 3489 sobre el Régimen Legal de Aduanas, con estricto apego a lo dispuesto por el Código Procesal Penal y con la presencia de un fiscal adjunto, sin que hubiese necesidad porque la Ley 226-06 reconoce las facultades de los Oficiales de Aduanas para realizar registros o requisas en establecimientos privados dentro de sus funciones indagatorias de los fraudes aduaneros.

“También es contrario a la verdad el aserto de que fue retenido ilegalmente más del tiempo que prevé la Constitución de la República, porque el mencionado señor González compareció a requerimiento, pero voluntariamente, a las oficinas de esta Dirección General de Aduanas con el objeto de continuar las indagatorias y tratar sobre dichos fraudes aduaneros”, expresa el organismo recaudador.

Acota que el arresto del señor González se produce con posterioridad mediante orden escrita y motivada presentada por el ministerio público, otorgada por el juzgado de la instrucción competente, con el fin de presentarlo a fines de la imposición de medidas de coerción para evitar su fuga.

“Tampoco es cierto -alega Aduanas- que el señor Luis Manuel González haya sido objeto de presiones, chantajes o amenazas para obligarlo a suscribir documentos que acrediten el pago de sus obligaciones impositivas conforme está autorizada la Dirección General de Aduanas de conformidad con las disposiciones del artículo 208, párrafo II, de la Ley nº.3489, modificada por la indicada Ley nº.226-06, porque dichos documentos no existen”.

Aduanas reiteró su disposición de no descansar en su propósito de garantizar una competencia leal en el comercio de distribución y venta de mercancías, en la persecución de los infractores a las leyes de aduanas y la percepción de todos los ingresos que corresponden al Estado dominicano producto de las importaciones.

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