Los jueces de la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenaron ayer al director de Aduanas, Fernando Fernández, abstenerse de aplicar su anunciado impuesto a las compras por internet con valor hasta los US$200, hasta tanto se conozca el fondo del recurso de amparo preventivo de urgencia interpuesto por entidades.

Se trata de una medida cautelar que suspende provisionalmente la aplicación del gravamen que, según lo anunciado por Aduanas, entraría en vigencia hoy.

Con su decisión, los magistrados Federico Fernández, Rafael Ciprián e Ingrid Hernández acogieron los recursos presentados por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Cámara Americana de Comercio Electrónico, y la Asociación Dominicana de Empresas de Courrier (Asodec), fusionados.

Las instituciones afirman que poner una carga fiscal por la vía administrativa lesiona una amplia gama de principios constitucionales que ponen en riesgo el estado de derecho en el país.

La Asodec, que preside Felipe Herrera, afirmó que el aviso publicado por la DGA contraviene las disposiciones del Decreto No.402-05, de la Ley No.277-12, del Acuerdo de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, así como de diversos principios constitucionales, incluyendo derechos fundamentales como son los de propiedad y de los consumidores, así como violación a los principios de seguridad jurídica, separación de los poderes del estado, entre otros.

De su lado el presidente de la FJT, Trajano Potentini, calificó el anuncio de “irracional e imprudente”, y acusó al director de Aduanas de desconocer la autoridad del Poder Ejecutivo y usurpar funciones del Congreso Nacional.