POR LEONORA RAMÍREZ S.
En el período septiembre del 2004 al mismo mes del 2005 la Dirección General de Aduanas (DGA) detectó al menos 17 contrabandos de mercancías, en algunos casos introducidos al país con la demostrada complicidad de empleados de esa dependencia estatal.

Aunque la DGA, que dirige Miguel Cocco, se esfuerza por enfrentar los fraudes, la frecuencia con que se descubren sugiere no solamente la existencia de múltiples mecanismos para evadir al fisco, sino también de redes capaces de comprar el contubernio en las propias entrañas de esa institución.

Para introducir artículos sin pagar impuestos se alteran los dispositivos de seguridad de los puertos, se falsifican documentos, se cambia la consignación de las mercancías, y también se utiliza el manto de la Ley 28-01 sobre desarrollo fronterizo.

Por cualquiera de esas vías y de otras tantas llegan al país cargamentos de electrodomésticos, bebidas alcohólicas, automóviles de lujo, alimentos, joyas, ropa, entre otros artículos.

Pero el contrabando no es una actividad de pillaje común y corriente, tiene tinglados que chocan con el poder, inclusive político, en tanto, denunciados piratas que han sido sometidos a la justicia salen en libertad con facilidad.

En ese escenario entra Cocco, quien en reiteradas ocasiones ha denunciado la debilidad del la justicia para procesar a los acusados con todo el rigor de la Ley.

De hecho, el viernes 22 de abril del 2005 el funcionario publicó un espacio pagado en los diarios, en el que cuestionaba la actuación judicial en los casos de delitos aduaneros, y advertía que los artículos 5 y 6 de la Ley 3489, para el régimen de las aduanas, y los 32 y 44 del Código Tributario, autorizan a los oficiales aduanales a ejercer las atribuciones de la Policía Judicial.

“Aduanas lamenta que se pretenda de manera reiterada obstaculizar y levantar dudas sobre la legitimidad  de las acciones encaminadas por nuestra gestión en defensa del interés de la nación”, refirió.

CRONOLOGIA DE LOS CONTRABANDOS

El viernes 25 de septiembre del 2004 Aduanas detectó un plan para introducir bombillos de bajo consumo de manera fraudulenta, mediante la penetración de su sistema informático y el uso de documentos falsos.

La DGA también descubrió, el 30 de octubre de ese año, en el Megapuerto de Punta Caucedo, un contrabando de electrodomésticos que ingresó como materia prima en 93 furgones. Se dijo que el embarque era propiedad de empresas de zona franca que operan en la zona fronteriza y que utilizaron las exenciones de la Ley 2801.

El cuatro de noviembre del 2004 Mary Collado sacó de aduanas un furgón que supuestamente contenía medicinas que serían donadas a Salud Pública, pero que contenía electrodomésticos. Las autoridades la detuvieron cuando destapaba el cargamento en la entidad oficial.

A principios de noviembre del 2004 se desmantelaron once furgones, ubicados en el puerto Punta Caucedo, que tenían electrodomésticos.

El 14 de octubre de ese mismo año aduanas descubrió 40 furgones con artículos de la misma naturaleza, que empresas establecidas en la frontera intentaban pasar como materia prima.

Pero los electrodomésticos no han sido la única fuente de fraude, pues el 17 de noviembre del 2004 la Cocco dijo que la introducción de celulares  de manera ilegal representa una evasión anual de cientos de millones de pesos en perjuicio del Estado.

LA MAFIA DE LOS ELECTRODOMESTICOS

Las Fuerzas Armadas cooperan con la DGA para minimizar el contrabando. El jueves 25 de noviembre se informó que militares con asiento de Dajabón incautaron un contrabando de 1,700 fundas de leche en polvo, y dispusieron el arresto y traslado de varios oficiales superiores.

Asimismo, el viernes 17 de diciembre las autoridades dijeron que descubrieron un alijo con cientos de relojes y celulares, mezclados con materia prima consignadas a zonas francas de la zona norte del país, principalmente de Santiago.

El 31 de diciembre del 2004 se detectó una red de traficantes de electrodomésticos y vehículos, mediante la falsificación de documentos oficiales. En ese caso estaban bajo arresto el cabecilla de la banda y varios empleados de Aduanas.

Según un reporte del periodista de HOY, Diógenes Tejada, del 23 de enero 2005, la DGA desmanteló cuatro bandas de traficantes de vehículos que estafaron al Estado por más de RD$313 millones de pesos, y en ese sentido, varios funcionarios y empleados de Aduanas fueron cancelados por cometer irregularidades.

El tres de abril, en una operación conjunta entre la GDA y los organismos de seguridad del Estado, se localizaron 110 vehículos de lujo que llegaron al país con documentos falsos, y quienes lo trajeron dejaron de pagar al Estado alrededor de RD$506 millones.

LOS “ALCAPONES” DOMINICANOS

El 2005 se puede considerar como el año de los duros golpes al mercado ilegal de las bebidas alcohólicas. El miércoles 13 abril los diarios registraron que el Ejército Nacional confiscó una “patana”, procedente de Haití, con cien cajas de whisky cuyo valor ascendía a RD$570,000.

Asimismo, el 15 abril el Ejército decomisó, en Mao, 100 cajas de whisky, 98 fundas de leche, 76 sacos de arroz y cinco sacos de ajo.

Durante ese mes el departamento de Asuntos Internos de la Policía investigaba a dos oficiales que estarían involucrados en  el contrabando de 300 cajas de whisky y vodka, hallados en un furgón enterrado en el sector Los Alcarrizos, en el municipio Santo Domingo Oeste.

El 17 de abril la DGA sometió a la justicia a seis personas, incluyendo dos empresarios estadounidenses, por contrabandear 1,500 inversores  y whisky (con valor ascendente a los RD$450 millones), violación que habrían cometido en contubernio con empleados aduanales.

Asimismo, el 14 de junio se descubrió un cargamento de whisky, en un almacén ubicado en una finca situada en la carretera Moca-La Vega, valorado en RD$39.0 millones. La mercancía era propiedad del empresario santiagués Julio Pichardo.

Pese al esfuerzo, la ilegalidad no cesó, por lo que el viernes 12 de agosto la DGA desmontó un millonario cargamento de arroz, dos “pipetas” Toyota y un automóvil Camry 2005, en el muelle de Boca Chica. Eran más de mil sacos de arroz precedentes de Miami, Florida, que ingresaron como materia prima para zonas francas, y los autos como neveras usadas.

Asimismo, el 31 de agosto las autoridades detectaron un contrabando de mercancías valorado en RD$164 millones, que intento introducir una supuesta red mafiosa en la que estaban involucrados 25 empleados de la DGA.