POR SOILA PANIAGUA
BOCA CHICA.- La Dirección General de Aduanas (DGA) inició ayer la reverificación de más de 100 contenedores cuyos propietarios, amparados en la ley 28-01 sobre Desarrollo Fronterizo, los introdujeron al país dejando de pagar al fisco más de RD$70 millones.

La información la ofreció ayer en el Puerto Multimodal Caucedo, el subdirector de Aduanas, Luis Sánchez Díaz y el colector Gabino Polanco, quienes afirmaron que los propietarios de esas mercancías podrían ser sometidos a la justicia en los próximos días.

Los funcionarios de la DGA mostraron las mercancías que eran declaradas como materia prima de productos genéricos, a las cuales llevaban dos meses dando seguimiento.

Los furgones contienen neveras, acondicionadores de aire, estufas, lavadoras, televisores, equipos de sonido y otros artefactos electrónicos.

Según el funcionario, una violación de esa naturaleza es un típico contrabando, ya que las mercancías fueron declaradas irregularmente como materias primas o productos genéricos, por empresas ubicadas en la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo.

Sánchez Díaz explicó que los propietarios de los furgones, además de cumplir con el pago de los impuestos dejados de pagar el fisco, podrían ser sometidos a la justicia.

Se explicó que esos contenedores fueron traídos al país bajo el amparo de la Ley 28-01, que creó la zona de desarrollo especial en la frontera, la cual establece que las empresas industriales, agroindustriales, agropecuarias, metalmecánicas, turísticas, metales y energéticas que se instalen en los límites de las provincias fronterizas, disfrutarán de exoneraciones de pago de aranceles.

Sin embargo, las mercancías detectadas por la DGA eran productos terminados listos para ser comercializados en el mercado y según Sánchez Díaz, haciendo una competencia desleal a los comerciantes e importadores que cumplen con el pago de sus tributos al fisco.

Sánchez Díaz, subdirector general operativo y el colector Polanco, explicaron que la DGA llevaba cerca de dos meses analizando esas mercancías por lo que luego de cuantificar el monto real del cargamento, se procederá a someter a las empresas implicadas.

Sánchez Díaz dijo que las autoridades también ubicaron otros furgones que estaban destinados a empresas amparadas en la ley 28-01 y que fueron retirados de los puertos de Haina Oriental y Boca Chica.

Se explicó que las exoneraciones de aranceles establecidos en la ley 28-01 abarcan a materias primas, equipos y maquinarias, no a productos terminados.

Entre las empresas implicadas según la DGA, están Electro del Nordeste, Inversiones Mayí y Electricosa del Mundo, con oficinas en Montecristi.

Sánchez Díaz dijo que esas empresas fueron notificadas «para que delegaran en sus representantes a los fines de proceder al reconocimiento físico de las mercancías declaradas irregularmente como piezas genéricas, sin especificar que se trataba de artículos terminados».

Explicó que a esas empresas estaban destinados los 100 contenedores cuyo reconocimiento físico se inició ayer en el Megapuerto Caucedo.

De acuerdo a la Regla General Interpretativa 2-A de la nomenclatura que sirve de base al arancel nacional, amparado en la ley 146-2000, que dice que «cualquier referencia a un artículo en una partida determinada, alcanza el artículo en completo o sin terminar, siempre que éste presente las características esenciales del artículo completo o terminado”.

Agrega asimismo, que «alcanza también el artículo completo o terminado o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes, cuando se presentan desmontados o sin montar todavía».

A quien importe al amparo de la ley 28-01 con exoneración total de los impuestos, se le advierte que “si la empresa y/o consignatario de mercancías las vendiere, arrendare, traspasare, negociare, dispusiese, o en cualquier forma diere uso diferente a aquel por el cual se hubiere concedido la exoneración, será castigado con una pena no menor de seis meses de prisión ni mayor de dos años, o el pago de una multa igual al doble de los derechos o impuestos dejados de pagar, o ambas penas a la vez”.

También establece la confiscación de los efectos de que se trate.

Dijo que con razón, las empresas establecidas que pagan impuestos de importación «tienen el grito al cielo, por la proliferación de mercancías ingresadas libre de impuestos”.

Para detectar el contrabando, la DGA fue auxiliada de organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que informaron de movimientos inusuales de mercancías  en las provincias fronterizas, que no tenían nada que ver con las labores habituales que las empresas instaladas informaron que realizarían.