Arraigadas incapacidades de yugular la entrada de inmigrantes, interceptados a cuentagotas por rumbos fronterizos, hacen perdurar mafias binacionales que traen viajeros irregularmente, sobre todo, porque no se descabeza a tales asociaciones de malhechores faltando, además, ejercer mayor control sobre complicidades de autoridades que los gerentes de este tráfico infame compran. Hasta aquí una parte de los factores que adversan al significativo esfuerzo oficial por impedir presencia de una población flotante e ilegal desde el punto de vista del indeclinable derecho del Estado a regularla.

Preocupan los efectos colaterales para áreas de la economía, por la poca selectividad que ha predominado en operativos de repatriaciones que deben incluir más empeños en separar de los apresados para expulsión rápida a aquellos que puedan justificar mínimamente y con porte de algún documento, su asentamiento de este lado de la frontera, para llenar las plazas laborales para las que no aparecen dominicanos. Una oportunidad para regularizar éstas, debería ser concedida a discreción de autoridades bien informadas y prudentes, al actuar para que el remedio no se iguale en perjuicios a la sobrepoblación transgresora.

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Aquellos que, luego de mínimas comprobaciones, parezca que vinieron traspasando límites soberanos a vagar en busca de ingresos de toda naturaleza, ameritarían que con trato respetuoso de sus derechos ingresen a autobuses (no a camionas) para extrañarlos del territorio nacional. Encuadran en la marginación que más conspira contra la vigencia de leyes aplicables a la inmigración, candidatos a morar en guetos que crecen cerca y lejos de los límites territoriales.

Otras contribuciones alientan ese fenómeno de la inmigración que sobrepasa regulaciones contra la capacidad del país para absorberlos sin daños a recursos nacionales, a la soberanía y a la convivencia. Persiste la desprotección con insuficiencia salarial aquí estatuida y que, por vías de consecuencias, reserva para la mano de obra extranjera duras faenas en el campo y en la construcción que, aunque sus empleadores ventajistas niegan que trabajen por menos dinero, el desborde de oferta foránea tiene puestas a la baja las remuneraciones a trabajadores. La implacable ley de la oferta y la demanda.

Una alternativa brindada en bandeja de plata reduce costos y garantiza abundantes lucros patronales con tropeles de braceros llegados con continuidad desde el país más pobre de América y uno de los más degradados a nivel global en protección a sus ciudadanos. Acogidos por otro tropel local: empleadores incapaces de someterse a límites en sus derechos a contratar manos de obra e indeseablemente presionados por lo antes apuntado: la escasez del recurso humano nacional.

EUA IMPLACABLE

República Dominicana no debe ser juzgada por lo que hace con inmigrantes (siempre que no desconozca sus derechos) apartándola del contexto de lo que ocurre en otras partes del hemisferio. Estados Unidos, el más poderoso imán de atracción a incursiones externas, es también de mayor apego a sus normas jurídicas: coloca inviolables límites a las estancias de permanencia u ocasionales y sus autoridades se caracterizan por no exceptuar de consecuencias a quienes violan sus normas y condiciones para el otorgamiento de residencias permanentes y naturalizaciones.

El Congreso de los Estados Unidos legisla con periodicidad anual para actualizar las leyes de regularización que, en sentido general, son un asunto federal y no importa lo que digan Estados liberales y consecuentes con las comunidades de extranjeros. Los famosos santuarios están en vías de extinción. En Norteamérica los inmigrantes están bajo una minuciosa clasificación y no todos tienen los mismos derechos. Muchos trabajadores llegan con autorización temporal, al cruzar con autorización previa fronteras del norte y del sur y, tan pronto se cierran los ciclos en que son necesarios para la producción, son puestos de patitas fuera del territorio de la primera potencia mundial.

EUROPA LA DURA

El continente que el ortodoxo secretario de Defensa norteamericano de la era de Bush hijo, Donald Rumsfeld, definía como «conservador y anticuado», no tiene empacho alguno en combatir presencias ilegales y sus dirigentes proclaman sentirse «obligados a impedir y reducir la inmigración irregular». Cada país de esa parte del globo se mantiene irreductible en sus políticas de retornos forzados hacia lugares de origen, de todo el que a sus territorios llega sin llenar formalidades.

Una restricción que incluye una crueldad terriblemente circunstancial, por el hecho de que muchos que intentan llegar desde otros países cercanos, subdesarrollados y fracasados institucionalmente, navegan hasta costas de la Unión Europa con una precariedad que tiene en cifras altas los naufragios. El Mediterráneo traga muchas vidas cada año.

GARROTE HÚNGARO

Coincidiendo con la dureza verbal anti-inmigrantes de Donald Trump, el primer ministro de la excluyente Hungría, Viktor Orbán, calificó recientemente de venenosos y «no necesarios», a quienes llegan a su país de manera irregular desde el exterior. Reclamó nuevas leyes contra ellos y vaticinó la desintegración de la Unión Europea, por su «corrosiva política» de cara a la inmigración. Así habló el mandatario supremo de un Estado que es miembro de esa unión y de la OTAN, el pacto de fuerzas militares occidentales.

Criticó acremente la «generosa» política de asilo alemana, subrayando que aquí, en Hungría, «nunca los dejaremos entrar». Otro funcionario de su Gobierno anunció un curioso programa para enviar en aviones de vuelos continuos hacia Bruselas, la capital del sistema europeo de naciones, a todos los inmigrante ilegales que pisen tierra en Hungría. Aquel país construyó un muro fortificado con púas afiladas, más alto que el que levanta el presidente Luis Abinader contra cruces desde Haití y que allá costó 800 millones de dólares. Está más rigurosamente patrullado por tropas rodantes y bien apertrechadas que cualquier otro segmento del territorio húngaro.

ESPAÑA DICE ¡NO!

El reino de la Madre Patria ha llenado todo un capítulo de su historia con la colocación frenética de obstáculos contra miles de personas procedentes de Marruecos, que permanentemente pretenden cruzar los límites geográficos que rodean el enclave español en el continente africano. Allí se instaló primeramente la impenetrable valla de Ceuta, para cerrar el paso a inmigrantes.

Una repulsa a extranjeros, considerados chocantes y conflictivos para la cultura hispana, que comenzó tan pronto la superioridad con asiento en Madrid descubrió un brote de cólera en un Marruecos de insalubridades causadas por la pobreza. Antes de lo que canta un gallo, surgió en 1971 un muro más definitivo contra multitudes que así han querido entrar siempre a su tierra prometida.

Después, en 1999, el carácter infranqueable del límite geográfico entre la falta de comida de Marruecos y la abundancia ibérica, se hizo más ostensible con un valladar de sólidos alambres de más de tres metros de altura y coronado por un sistema de puntas afiladas aptas para destrozar pieles y musculaturas en marcha a pretender ingresos a un espacio territorial que no las quiere.

LIMITACIÓN VALIDADA

A la luz de las normativas internacionales, lo más que puede pretender la Organización de las Naciones Unidas en el borde domínico-haitiano, es que en todo momento se respeten los derechos que razonablemente asisten a todo migrante, lo que significa no hacerlos objeto de detenciones arbitrarias, torturas o expulsiones desproporcionadas. Más que no deportarlos por indocumentados como legítimamente siempre debe serles posible a los Estados, lo que las consideraciones humanitarias validan es:

Abstenerse de atropellarles e impedir que grupos particulares incurran en ello, al tiempo de: regular la contratación de inmigrantes que son explotados por empleadores que se apoyan en la marginación documental de quienes huyen de sus propios territorios.

Sancionar a los patronos maltratadores, proteger a los inmigrantes de la violencia y los abusos perpetrados por traficantes de seres humanos y tomar medidas contra el odio y la xenofobia. En un decálogo aparece lo siguiente:

«La tarea de cumplir con los derechos humanos requiere la adopción de medidas positivas para velar porque esos derechos lleguen a ser realidad; y en lo relativo a los migrantes eso quiere decir aplicar medidas alternativas a la reclusión y garantizar el acceso a la atención sanitaria, la educación y otros servicios sociales». No reivindica el supuesto derecho a penetrar a países sin someterse a sus leyes.