Hoy 
La advertencia hecha por el doctor Roberto Rosario, presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE), en cuanto a que ese organismo impedirá el uso de recursos del Estado en campaña política, es oportuna y debería ser respaldada por toda la sociedad.
Y lo es a pesar de que, en cuanto a la forma, la advertencia está enfocada de manera que deja la noción de que el Presidente de la República y candidato presidencial del PLD, doctor Leonel Fernández, y sus seguidores que ocupan cargos públicos, serían los únicos que manejan recursos del Estado.
Hay legisladores, síndicos y regidores con acceso a recursos públicos y que no necesariamente siguen la corriente reeleccionista.
En realidad, en este país se hace necesario establecer pautas precisas sobre el manejo de los fondos públicos y deberían afinarse aún más los medios para auditar y supervisar los gastos de campaña electoral y la procedencia de los recursos, no sólo los ingresos de los partidos políticos, sino también los que captan los candidatos a posiciones electivas.
Más que formular una advertencia, en el plano político debe procederse con el mismo rigor que ha caracterizado el establecimiento de reglas de transparencia en la gestión pública en virtud de tratados comerciales y otras concertaciones de carácter multilateral.
El país tiene que llegar a inspirar en el plano político la misma confiabilidad que inspira en el exterior en materia comercial.
-II-
En las propuestas de reforma constitucional, de las cuales, por cierto, no se oye hablar, deben incluirse regulaciones que mejoren el aspecto ético del ejercicio político, fundamentalmente por parte de quienes ostenten funciones públicas, sea por elección o por designación.
Hay que ser minuciosos para establecer hasta qué punto son compatibles determinadas funciones públicas y el ejercicio de política partidista.
Hay señalamientos específicos en cuanto a la distancia que del quehacer partidista deben mantener funcionarios como jueces y representantes del Ministerio Público, miembros de las juntas electorales, para citar solo algunos ejemplos, pero no los hay para otras categorías de funcionarios públicos, a pesar de las dotes éticas implícitas en los requisitos para el ejercicio de sus funciones.
De manera que no deberíamos quedarnos en una advertencia focalizada, sino adentrarnos a un ejercicio que permita elaborar normas éticas para el ejercicio político.
Por lo pronto, que las autoridades competentes tengan a mano los instrumentos existentes en la actualidad para pedir rendición de cuentas cada vez que se sospeche o evidencie que el ejercicio de política partidista ha permeado las delicadas zonas de la administración de recursos públicos.
Los propios partidos políticos deberían calibrar la conveniencia de que el país alcance, en materia de partidismo y gestión pública, grados de confiabilidad y transparencia similares a los conquistados en el ámbito comercial.
