Advierte director Opret es pasible de demanda por cancelaciones colectivas de empleados

Advierte director Opret es pasible de demanda por cancelaciones colectivas de empleados

Metro de Santo Domingo

Juan Julio Campos se solidariza con empleados del Metro de Santo Domingo que reclaman reivindicaciones. 

El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y precandidato a senador de la provincia La Altagracia, Juan Julio Campos Ventura, advirtió que el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), es pasible de demanda ante los tribunales ordinarios e instancias internacionales por las cancelaciones colectivas realizadas en contra de empleados de esa institución, que ejercen el derecho a la protesta. 

En ese sentido, Campos Ventura indicó que la Constitución dominicana, legislaciones nacionales y acuerdos internacionales, reconocen el derecho a la huelga que le asiste a los empleados públicos.

“Nuestra Carta Magna, los convenios con la Organización Internacional del Trabajo, otros tratados y acuerdos internacionales establecen el derecho a la huelga y a la libertad sindical de los servidores públicos, por lo que hacer valer ese derecho, no debe ser motivo para promover cancelaciones colectivas como se han venido registrando recientemente en la OPRET”, manifestó el representante en la Cámara de Diputados de la provincia La Altagracia.

El congresista manifestó que en varios numerales del artículo 62 de la Constitución dominicana se establece un amplio catálogo de derechos de los trabajadores, entre los que figuran: libre organización sindical, la negociación colectiva, el derecho pacífico a la huelga para resolver conflictos laborales, entre otras conquistas que no pueden ser vulneradas.

Juan Julio Campos Ventura afirmó que cancelar empleados del Metro de Santo Domingo que mantienen una protesta pacífica en demanda de la reposición de los cancelados, el pago de un salario mínimo de 45 mil pesos, el pago de prestaciones laborales   y otras reivindicaciones constituye un abuso de poder de parte de las autoridades de la OPRET.

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