POR LLENNIS JIMÉNEZ
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) advirtió ayer al presidente Leonel Fernández que si incumple lo que prometió en la pasada campaña electoral probablemente termine peor que su antecesor Hipólito Mejía.

El vicepresidente de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró que quienes votaron por Fernández lo hicieron para que el país se adecentara e institucionalizara.

Dijo que se espera que rescate la institucionalidad «para que volviera la decencia al Palacio Nacional».

Castaños Guzmán precisó que Fernández es un hombre con quien se puede conversar y que no anda atropellando a nadie y que sabe lo que es un proceso de integración o un sistema democrático y una verdadera estructura de Estado.

Fernández está condenado, dijo, a que le exija más que lo pudieron haberle exigido a otro.

El vocero de FINJUS hizo sus planteamientos en el programa D’Agenda, por Telesistema, canal 11.

Castaños Guzmán expresó que la falta de institucionalidad que se vivió en los últimos años se reflejó de una manera evidente en el crecimiento económico,  porque lo estancó.

Sostuvo que la corrupción desalentó a la población y que ahora el país se trata de recuperar por la vía del desarrollo.

CORRUPCIÓN

El vocero de FINJUS indicó que el macuteo que hay en los hospitales públicos y la situación que enfrentan los pacientes que deben adquirir con sus recursos los medicamentos y la corrupción que hay en las escuelas públicas, refleja a la sociedad.

Dijo que la corrupción en las escuelas públicas y en los hospitales están reseñados en los desalentadores resultados de la última encuesta Cultura, Política y Democracia (DEMOS) auspiciada por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Sostuvo que la encuesta revela la corrupción en las escuelas públicas tiene los índices más alto de las instituciones del poder Ejecutivo. Planteó que también revela un alto grado de corrupción en los hospitales.

«Creo que en la República Dominicana se está viviendo un tránsito entre lo que había y lo que el pueblo dominicano está aspirando», opinó el jurista.

Castaños Guzmán consideró que por eso es que hay tantos choques entre las instituciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo. A su juicio, sectores de estos poderes se resisten al cambio que significan las modificaciones.

Expresó, asimismo, que la encuesta DEMOS demuestra que el sistema  de partidos políticos sigue estando en un nivel sumamente preocupante, pese a ser el principal instrumento sobre el cual se ha construido la democracia del país, a partir de la caída del tirano Rafael Leonidas Trujillo.

Expresó que sin embargo, los datos de la encuesta  fueron recogidos el año pasado, por lo que hay que reconocer que en el caso de la Policía Nacional, ha tenido un evidente proceso de profilaxis.

Consideró que la Policía es una institución no solamente estratégica, sino sumamente compleja para la democracia dominicana.

PIDE CASTIGO

El vicepresidente de FINJUS declaró que el proceso de liquidación de los bancos quebrados debe ser objeto de una gran investigación y solicitó al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, que ordene una instrucción complementaria del caso bancario, para que complete el expediente de los acusados.

Opinó que la sociedad tiene la percepción de que solo fueron incluidos en el expediente una parte de los que se presumen responsables de los fraudes bancarios.

Castaños Guzmán dijo que el proceso de liquidación de los bancos quebrados se hizo al margen de lo que establece la ley, por lo que el Estado asumió la responsabilidad de más de US$3,000 millones descapitalizando el Banco Central.

«El déficit cuasi fiscal aumenta por la crisis bancaria y es la gran tragedia del país, ya que  representó el 15% del Producto Bruto Interno», consideró.

Indicó que en el proceso de liquidación de una institución financiera a los ahorrantes se le paga en la medida en son liquidados sus activos.

Exigió que los responsables de los fraudes bancarios sean llevados hasta las últimas consecuencias y solicitó a la Cámara de Calificación que tome la decisión conforme a la ley.

Expresó que así como el pasado gobierno sometió a una parte de los presuntos imputados de los fraudes, creía que el actual gobierno completaría el expediente investigando a las autoridades que tenían la obligación de supervisar a esas instituciones financieras.

Manifestó que el informe del Banco Mundial y de expertos del sector refleja que no era posible que el ente regulador del sistema de control financiero del país no diera cuenta de lo que estaba pasando en los bancos.

Señaló que las autoridades pasadas debieron ser investigadas por negligencia, imprudencia o por complicidad.