POR DIEGO PESQUEIRA
El juez de la Suprema Corte de Justicia, Edgar Hernández Mejía, advirtió ayer que los jueces no pueden criticar el nuevo Código Procesal Penal y que tienen la obligación de aplicarlo a partir del próximo 27 de septiembre o renunciar.

El magistrado Hernández Mejía dijo, además, que con la vigencia de la reforma procesal «terminó en el país la práctica de archivar expedientes por años» en perjuicio de procesados, y afirmó que conoció de casos con 14 y hasta 20 años en los tribunales sin que se diera un fallo definitivo.

El juez Hernández Mejía sostuvo que la reforma procesal fue aprobada por el Congreso Nacional y en consecuencia el poder Judicial no tiene otra opción que aplicarla.

Estimó que la sociedad saldrá gananciosa con la reforma debido a que no habrá traumas.

«Todos los jueces del país están obligados a aplicar la ley o a renunciar. El que no este de acuerdo con una legislación y no quiere aplicarla tiene derecho a renunciar porque nadie puede estar en un cargo en contra de su voluntad, pero el que sea juez de la República está obligado a cumplir con la ley», precisó.

El poder Judicial, dijo, no redactó ni elaboró el nuevo Código Procesal y no tiene la oportunidad de objetar la reforma.

Si es buena o mala la reforma procesal, dijo, será la historia la que dirá con el paso de los años.

Hernández Mejía advirtió que “a los jueces les está prohibido criticar la ley. Los jueces pueden interpretar la ley pero no criticarla, puesto que están obligados a aplicarla».

Dijo el magistrado que no defiende las bondades del Código y que sólo puede decir que la historia dirá si es bueno o malo, mejor o peor que el anterior.

Hernández Mejía dijo que la opinión de tratadistas que han estudiado piezas similares a esta en otras naciones, es que este sistema ofrece mayores garantías a los ciudadanos.

«Este es un sistema donde las autoridades tienen menos posibilidades de incurrir en excesos y es un mecanismo garantista que le da la oportunidad a todos los ciudadanos honestos de hacer valer sus derechos con mayores posibilidades de éxitos», explicó.

La reforma, dijo, plantea una serie de reglas modernas que han tenido éxito en su aplicación en países amigos.

A juicio del magistrado Hernández Mejía la reforma tiene muchos enemigos porque el Código de Procedimiento Criminal viejo tenía más de un siglo de existencia y es el que conocen los abogados, quienes se resisten a los cambios.

«Esto no es una reforma, sino una suplantación, una sustitución de un sistema por otro», precisó.

Admitió que el nuevo código viene de la escuela anglosajona y en consecuencia obedece a otra cultura, tradiciones y valores, que habrá que esperar para ver si el pueblo dominicano asimilará ese tipo de legislación.

«Ahora, personalmente, creo que este código tiene muchas partes que son mucho mejor que el anterior, de origen francés, pero sus resultados están por verse, o sea, no puedo adelantar cual será el comportamiento de la población cuando entre en ejecución esa legislación», precisó

Dijo que la ley 278-04 sobre el Proceso Penal autoriza una etapa liquidadora en la cual, de manera simultanea, habrá tribunales liquidando los casos con el viejo código, mientras que otros tribunales estarán con el nuevo conociendo los expedientes que lleguen, lo que dijo, impedirá que haya algún trauma o confusión.

«Cuando llegue el 27 de septiembre las causas que no hayan sido terminadas seguirán en curso con el código viejo y todos los casos nuevos entonces serán conocidos dentro de la reforma procesal», dijo.

Explicó que el pasado siete de septiembre se seleccionó a los jueces que trabajarán en cada distrito judicial en la liquidación de los expedientes viejos y aquellos magistrados que conocerán los expedientes nuevos.

Los grados de apelación, dijo, se regirán por el nuevo Código, pero mientras estén en trámite seguirán igual.

Hernández Mejía sostuvo que la reforma establece un plazo a las autoridades para que presenten las pruebas, procesen y condenen, por lo que si en ese lapso no se logra hacer eso, entonces queda sin efecto la persecución penal.

El ministerio público tiene la presión de buscar la prueba con eficiencia y rapidez y también los tribunales porque saben que hay una prescripción si no logran en un determinado período terminar un proceso.

Las autoridades tendrán un máximo de tres años para que puedan ser conocidos.

«O sea, que eso de archivar expedientes por años con el nuevo Código no es posible», apuntó.

Señaló que el fenómeno actual en que personas se quedan en una cárcel de manera indefinida, incluso se pierde el expediente, no sucederá en lo adelante.

Explicó que se aplicará un sistema que podrá mantener en prisión a los delincuentes, pero de manera legal, con sentencias condenatorias, no como ahora que se mantienen de manera preventiva, mediante acusaciones que nunca son probadas.

Dijo que esta es la razón por la que mucha gente piensa que un alto número de infractores saldrá a las calles, porque se cuenta con la deficiencia y la falta de celeridad del proceso tradicionalmente.

Empero, dijo que en lo adelante los abogados tendrán menos posibilidad de incidentar los procesos.

«Confío en la capacitación del ministerio público y, personalmente, tengo mucha confianza en las nuevas autoridades», indicó.

Dijo que Francisco Domínguez Brito, procurador general de la República, trabajó cuando era abogando en ejercicio en la reforma, por lo que no sólo es partidario, sino que se ha mostrado solidario.

«No tengo motivos para dudar de la calidad de trabajo de los actuales representantes del ministerio público», agregó.