La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) advirtió hoy que con el Pacto Eléctrico se procura básicamente la privatización de las áreas sector eléctrico que no fueron tocadas por la «nefasta ley de privatización que despojo al Estado y al pueblo dominicano de un patrimonio invaluable».

La organización señaló en un comunicado que las ambiciones de los privatizadores amparados en el anunciado e iniciado Pacto Eléctrico incluye las hidroeléctricas y las plantas a carbón, las líneas de transmisión, el porcentaje que mantiene el Estado en las generadoras, así como las distribuidoras de energía que fueron recuperadas luego del fracaso en sus operaciones por los privatizadores de entonces.

“No es casualidad que parte del equipo del anunciado Pacto Eléctrico, sean los mismos que dirigieron el proceso de privatización de las empresas públicas como es el caso de Antonio Isa Conde, presidente de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), quien representa sin reservas a los sectores que pretenden manejar las propiedades del Estado y pueblo dominicano, que con el infeliz argumento de lo que le representaba al gobierno disponer de subsidio se entregaron esos bienes y sin embargo hoy día se tienen que gastar más recursos y la falta de solución al problema eléctrico se acentúa, sin dejar de lado la corrupción que hubo alrededor del negocio”, apuntó ADOCCO.

Además, la organización rechazó la propuesta del Gobierno de «arrebatar» el derecho de los municipios representados por los cabildos del cobro del 3% que las Distribuidoras de Electricidad deben pagar por concepto de uso de suelo, específicamente por el paso del cableado por las diferentes calles del Distrito Nacional y los municipios, como establece el artículo 134 de la Ley de Electricidad 125-01 que también obliga a las empresas distribuidoras a suministrar el diseño, materiales, instalación y el mantenimiento del alumbrado público de cada municipio, además pagarles a los cabildos un tributo por el uso de ese espacio, equivalente al 3% de sus cobranzas ordinarias, asumiendo los cabildos la obligación de pagar a las Edes el monto de la energía consumida en su zona de concesión.