El abogado Namphi Rodríguez advirtió ayer al Senado que si aprueba el proyecto de ley sobre libertad de expresión como lo recibieron incurriría en una acción inconstitucional, al desconocer el secreto profesional de los periodistas y convertiría a los directores de medios de comunicación en “colaboradores” de los órganos represivos del Estado.

Dijo que el proyecto de ley sometido por los senadores José Rafael Vargas, Luis René Canaán y Manuel Güichardo, en su artículo 18 dispone que los directores de medios de comunicación tienen un “deber de colaboración” con el Ministerio Público, que podrá solicitarles los datos que permitan identificar a los autores de las publicaciones.
Alertó que esa disposición contravendría el artículo 49 de la Constitución, que consagra el secreto profesional de los periodistas como una garantía para proteger las fuentes de los informadores públicos.

Informó que entregó el documento analítico de los proyectos de leyes al senador Charlie Mariotti, presidente de la Comisión de Medios del Senado, para que se entienda que el secreto profesional garantiza a los periodistas el derecho de reservar sus fuentes de información, en caso de que sean llamados a declarar como testigos ante la justicia.

“El secreto profesional consiste en el derecho de los periodistas, a negarse a revelar públicamente las fuentes de las informaciones recibidas en forma confidencial; hay que entender que este secreto coadyuva a obtener y difundir informaciones en los ámbitos público y privado que interesan a la sociedad, por eso hay que protegerlo”, explicó.
Namphy, quien es presidente de la Fundación Prensa y Derecho, estimó que ese proyecto podría caer en un limbo penal.