Hoy 
POR MARIO MÉNDEZ
Los ayuntamientos y el gobierno están impedidos legalmente de concertar préstamos para regalía pascual y avalar la adquisición de vehículos por parte de funcionarios, si el vencimiento de esos financiamientos desborda un período fiscal y no es aprobado por el Congreso Nacional, advirtió el economista Héctor Guiliani Cury.
Guliani Cury dijo que el párrafo 3 del artículo 3 de la Ley de Crédito Público, establece los ayuntamientos no podrán endeudarse con el sistema financiero nacional sin la aprobación congresional, cuando el vencimiento de dicho endeudamiento supere el ejercicio anual presupuestario.
Además, dijo que en caso de que se somete un financiamiento de este tipo al Congreso Nacional, debe ser aprobada previamente por el secretario de finanzas.
Además, Guiliani Cury dijo que ese financiamiento tiene que ser consistente que ser consistente con el acuerdo Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que aumentan el déficit fiscal del sector público consolidado, que incluye a los ayuntamientos.
Guiliani Cury afirmó que el gobierno y lo ayuntamientos tampoco pueden avalar legalmente los préstamos a los funcionarios para la adquisición de vehículos de motor.
Explicó que la ley de crédito público consigna que para una institución pública otorgar un aval también tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional.
Específicamente, señaló que el artículo 4 de la señala Ley establece que se consideran operaciones de crédito público la deuda contingente que pueda generarse por el otorgamiento de avales, fianza o garantía, cuyo vencimiento exceda el ejercicio fiscal.
Por tanto, los ayuntamientos tampoco puede dar garantías por préstamos, si vencen fuera del período en que son otorgadas, señaló.
Guiliani Cury consideró que no es necesario que los ayuntamientos ni el gobierno le estén otorgamiento garantías a sus funcionarios para la adquisición de vehículos de motor.
Explicó que este tipo de financiamiento es muy rentable para la banca comercial, por lo cual el riesgo debe asumido por los bancos y los usuarios de esos financiamientos.
Consideró que la banca daría sin problemas este tipo de financiamiento con el gobierno y los ayuntamientos comprometerse sólo a deducir de las nómina los pagos, sin el requisito adicional de avalar esas operaciones.
