LONDRES.  AFP.  El comité de Relaciones Exteriores (FAC) advirtió ayer al gobierno británico de que el uso regular de información obtenida mediante tortura puede ser considerado legalmente como complicidad en violaciones de los derechos humanos.

“Es imperativo que Gran Bretaña cumpla con sus obligaciones legales para prevenir la tortura, investigar las posibles acusaciones y desenmascararlas”, señaló el FAC en su informe anual sobre derechos humanos.

Este informe llega mientras los servicios secretos británicos se enfrentan a una serie de acusaciones por su presunta involucración en interrogatorios de sospechosos de terrorismo en países como Pakistán.

El comité señaló que usar las informaciones proporcionadas por los servicios secretos de otros países sobre posibles terroristas, obtenidas mediante presuntas torturas, “levanta profundas cuestiones morales”.

El informe del FAC reconoce, no obstante, que el gobierno tiene el deber de usar toda la información, sea cuál sea su fuente, que pueda salvar vidas humanas.

Sin embargo, “al mismo tiempo, recomendamos que el gobierno continúe ejerciendo la mayor presión posible para tratar de asegurar a nivel mundial que no se emplea la tortura como método interrogatorio”, dice el documento.