El doctor José Ángel Aquino se opuso ayer al  pliego de condiciones para la licitación de la nueva cédula de identidad y electoral, afirmando que además de que la  Junta Central Electoral (JCE) incurriría  en una “grave” violación a  leyes esenciales del sistema financiero,  duplicaría el costo del documento estimado en alrededor de RD$3,500 millones, y no en $500 millones como “se ha especulado”.

Abogó porque la sustitución del documento sea pospuesta, aduciendo que un proyecto de esa envergadura además debe contar con el pleno apoyo del gobierno de turno y de los partidos políticos, no solamente por el monto económico envuelto, sino por la alta movilización social que requiere para que su cambio se complete en los plazos apropiados.

Solo 3 los aprueban. Los pliegos de condiciones para la nueva cédula fueron aprobados por el    presidente de la JCE,  Roberto Rosario; César Francisco Féliz y Rosario Graciano de los Santos. Aquino y Eddy Olivares votaron en contra.

El “stop”.  En un “voto razonado” dirigido al presidente y demás miembros de la JCE, Aquino dice que aprobar  el proyecto de cedulación  bajo la modalidad de «financiamiento», es decir, dejando  que la empresa adjudicataria   gestione los recursos o los cubra, viola las leyes de Crédito Público,  de Compras y Contrataciones,  y  la de Presupuesto del Sector Público.

Ley Crédito Público.  Aquino citó el artículo 21, el cual  expresa que  «las entidades del Gobierno Central, las instituciones descentralizadas o autónomas no financieras y las instituciones de la seguridad social, no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en las disposiciones generales del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos o en una ley específica».

Recordó a seguidas que el cambio de la cédula de identidad y electoral no se encuentra dentro de los rubros aprobados en la ley de presupuesto para el año 2013.

Agregó   que  el proyecto de la nueva Cédula  tampoco cuenta   con la autorización necesaria de la  Ley  423-6, de Presupuesto para el Sector Público.

Otro agravante. Aquino  también objetó   el plazo aprobado de 10 años para la vigencia del referido contrato, porque ese tiempo  supera el mandato para el cual fueron elegidos los actuales miembros de la JCE.

Resaltó que si bien  es cierto que conforme a la Constitución la JCE es un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, eso  no quiere decir  que puede actuar al margen de la ley, especialmente de aquellas que expresamente lo regulan.

Un riesgo a evitar. Aquino dijo que la JCE además debe evitar que con el financiamiento de la nueva cédula ocurra igual que con el Consorcio SOMO, para que en las elecciones del 2016 los ciudadanos no tengan que votar con dos cédulas (la nueva y la vieja).

Aquino y Olivares coincidieron en que  los pliegos de condiciones para la licitación de la nueva cédula de identidad y electoral debieron elaborarse con  asesoría y opinión de expertos  en ese tipo de procesos.

El proyecto de la nueva cédula estaba incluido en el contrato que la JCE tenía con SOMO y que rescindió de mutuo acuerdo.

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Deplora actitud JCE

Aquino  deploró  que la JCE adoptara una  estrategia equivocada frente al Gobierno en la discusión del presupuesto. Dijo  que siempre insistió en  desarrollar una estrategia de acercamiento al Ejecutivo como  hicieron la UASD, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y otras instituciones, con muy buenos resultados. “Pero la junta optó por la publicación de una serie de espacios pagados en los medios, y   evidentemente colocó al   Gobierno en una situación difícil que si aceptaba,  demostraba que podía ser objeto  de presión”.