POR PEDRO GERMOSEN
La Oficina Permanente de Asesoría del Congreso (OPA) consideró que si los legisladores aprueban el proyecto de Presupuesto de 2005 con la autorización al Ejecutivo de remitir al Congreso tres emisiones de bonos por un monto de RD$8,282 millones, se violaría el artículo 4 de la Constitución.

 La OPA expresa en un documento que si el Congreso autoriza al Poder Ejecutivo a remitirle esas tres emisiones de bonos, estaría ejerciendo una atribución que no le compete.

 Precisa que de esa manera las cámaras legislativas violarían el artículo cuatro de la Carta Magna, «en razón de que las emisiones de bonos no tienen que hacerse mediante la introducción al Congreso Nacional de uno o varios proyectos de leyes.»

 «En este sentido, al consagrar el artículo 38, inciso b, de la Constitución de la República, el derecho a iniciativa en la formación de las leyes, en favor del Presidente de la República, resulta más que obvio que el Congreso no tiene que autorizarle para ello», subraya la OPA.

 «No obstante lo anterior -agrega-, si los gastos que se pretenden financiar con dichas emisiones de bonos constituyen compromisos del Estado para el año 2005, parte de los ingresos estimados debieron entonces estar imputados a cubrir dichos gastos, en lugar de abandonarse a la eventualidad de ingresos provenientes de operaciones de créditos que aun no están vigentes.»

 En su artículo 21, el nuevo Presupuesto autorizaría al Poder Ejecutivo a remitir al Congreso una emisión de bonos para capitalizar el Banco Central y al Banco de Reservas, por un monto de RD$3,825.

 Estos bonos devengarían una tasa de interés fija y una indexación anual por inflación, con la finalidad de cumplir con las condicionalidades de préstamos contratados por organismos internacionales para la reforma del sector financiero, así como con los compromisos asumidos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

 El artículo 22 de la pieza autoriza al presidente de la República a remitir al Congreso una segunda emisión de bonos por RD$1,888 millones, para conseguir la liquidez en el mercado que permita redimir el 50 por ciento de los bonos de la ley 104-99, que vencen en noviembre del año 2005.

 Esta emisión se hará a tasas de interés de mercado y a un plazo de tres años.

 La tercera emisión de bonos, por un monto de RD$2,569 millones está contenida en el artículo 23 de la que será la nueva Ley de Gastos Públicos.

 Estos recursos se utilizarían para cubrir deudas administrativas de dependencias gubernamentales. Esta emisión se hará a una tasa de siete por ciento anual, pagadera semestralmente y por un plazo de cuatro años.