Para el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Campos de Moya, la aplicación de la nueva Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo podría tener repercusiones negativas en las empresas y en la facilitación de negocios, atracción de inversiones y hasta podría convertirse en una “cacería de brujas”.
De Moya hizo esta afirmación previo a participar en un desayuno organizado por la AIRD, donde se analizaron las implicaciones de la Ley 155-17 para el sector empresarial.
“Queremos externar nuestra preocupación ya que si no contamos con instituciones fuertes y con reglas de juego claras, en las que no exista la discrecionalidad ni propósitos particulares o políticos en las decisiones, si no contamos con una justicia independiente, fuerte, imparcial, esta ley podría tener repercusiones negativas en las empresas”, precisó.
Dijo que están llamados a conocer las implicaciones de la Ley, sus debilidades, las formas que tienen de cooperar para que el lavado de activos no implique daños al quehacer empresarial.
De su lado, la vicepresidenta ejecutiva de la AIRD, Circe Almánzar, apuntó que los empresarios no están diciendo que no quieren leyes fuertes para castigar el ilícito, sino que lo que les preocupa es que si no se tienen instituciones fuertes y el sector privado o cualquier individuo se ve en una situación débil ante cualquier autoridad, puede ser sometido a una cacería de brujas.
Señaló que la aplicación de la ley en principio podría provocar una disminución de las actividades comerciales sino se es ágil y eficiente, por eso la importancia porque se haga el reglamento.
“El hecho de que tu vas a tener restricción es muy fuerte con las ventas para los sujetos obligados, lo que va a hacer que a muchas empresas no les sea tan fácil hacer los negocios. Claro que estamos preocupados”, indicó la vicepresidenta de AIRD.
Señaló que el que la Comisión de Lavado de Activos pueda determinar por sí misma otros sujetos obligados es un peligro.