En medio del debate que vive Chile, la cuna de los fondos privados de pensiones, en torno a la modificación de su sistema actual de capitalización individual, el banco central de este país sudamericano presentó un informe en el que sus técnicos afirman que cambiar a un sistema de reparto puede generar una “dinámica de deuda insostenible”, además de afectar negativamente al ahorro nacional, la inversión, el empleo y, por ende, al crecimiento económico.
El estudio de la institución que dicta la política monetaria chilena evalúa los potenciales impactos macroeconómicos que tendrían la implementación o continuidad del modelo actual frente al de reparto y a una suerte de sistema de reparto acotado a diferentes grupos de edad.
En dicho estudio técnico, titulado “Evaluación de los potenciales impactos macroeconómicos de largo plazo de modificaciones al sistema de pensiones”, la implementación de un sistema de reparto recibió las más duras críticas respecto a las dos otras propuestas, que son el fortalecimiento del modelo de capitalización individual o bien la creación de un sistema de ahorro con redistribución generacional.
En agosto del año pasado, el gobierno chileno anunció un paquete de medidas, entre ellas el incremento de 5% de las cotizaciones previsionales, con cargo a los empleadores, cuya administración y destino es actualmente sujeto de discusión en el seno de la sociedad chilena.
Implicaciones del sistema de reparto. De acuerdo al estudio del banco central chileno, destinar las cotizaciones adicionales hacia un sistema de reparto reduciría el ahorro nacional un 1.3%, lo cual implicaría caídas en la inversión y el empleo, y a futuro recortes al crecimiento económico nacional.
Además, según la institución, este modelo traería consigo los problemas fiscales que se ven en otros países y que podrían llevar a incrementar la deuda pública chilena desde el 21.7% del PIB actual hasta el 40% en 2050, lo cual pondría al gobierno en la encrucijada de disminuir las pensiones o reducir los beneficios para las futuras generaciones.
“El sistema de reparto genera una dinámica de deuda insostenible, si los beneficios están indexados al crecimiento de los salarios”, afirma el estudio que señala que el envejecimiento de la población y mayor tasa de dependencia “son grandes limitantes en el sistema de reparto”.
Según la investigación, destinar el 5% de la cotización adicional al sistema vigente de capitalización individual contribuiría a aumentar el ahorro nacional en 1.2%, con efectos moderados en el mercado laboral y en el crecimiento a largo plazo del PIB, el cual crecería un 1%. En tanto, las pensiones subirían el 42.2% en el largo plazo, menguando el efecto de pensiones bajas debido a bajos ingresos de los cotizantes.
Modelo de reparto por grupo de edad. La tercera opción evaluada por los técnicos del banco central de Chile es un sistema de redistribución intrageneracional, o lo que es lo mismo, un sistema de reparto acotado a un grupo de edad en específico. Se trata de un fondo de ahorro colectivo que pertenece a una generación determinada, donde las cotizaciones de cada grupo de edad (por ejemplo, el segmento de población de 20 a 24 años) van a un fondo común que pertenece solo a esa generación.
Esos ahorros se invertirían en el mercado de capitales y luego se distribuirían con un criterio de progresividad, cuando ocurra la jubilación de la cohorte en cuestión. Es decir, en este modelo dos personas que trabajaron la misma cantidad de horas recibirían lo mismo, independientemente de cuánto ganaba cada una durante su etapa activa.
Los efectos de este sistema de ahorro intrageneracional dependerán críticamente de su diseño e implementación, ya que mientras sus efectos agregados sobre el ahorro son similares a la capitalización individual, sus repercusiones sobre el empleo, los salarios y la formalidad están sujetos a cómo se entregarían los beneficios.
Según el informe, si la entrega de estos beneficios se condiciona a la participación en el mercado formal, podrían generarse resultados positivos sobre el mercado laboral que compensarían los impuestos al trabajo, dice el estudio.
Con el incentivo a la formalización, el aumento del nivel del ahorro sería de 1.2%; en tanto, sin incentivo a la formalización, el incremento del nivel de ahorro sería de 1.1%, con el agravante de la caída del empleo formal y su impacto negativo sobre el PIB en el largo plazo.