Hoy 
Por ALTAGRACIA ORTIZ G.
Representantes de la Asociación de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) advirtieron ayer que se daría un golpe mortal al sistema de salud de la República Dominicana si se modifica la Ley 87-01 para eliminar a sus empresas.
Consideraron, asimismo, que una eventual modificación a la ley con ese propósito sería una violación inadmisible a la libertad de empresa.
Ernesto Izquierdo, Eduardo Cruz y Andrés Mejía hicieron sus planteamientos al participar, junto a otros ejecutivos de las ARS, en el Almuerzo de los Medios de Comunicación del Grupo Corripio.
Para los empresarios, lo que se debe impulsar es la libre elección, ya que los empleados públicos están condenados a ser ciudadanos de segunda categoría, al permanecer en ARS públicas.
No hay que modificar la ley, lo que se debe promover es la libre elección y lograr que los empleados públicos que hoy están condenados a ser ciudadanos de segunda clase por ser de una ARS Pública, aseguró Izquierdo.
Insistieron en que si la población percibe que las ARS no funcionan, son los afiliados los que deben decidir con cuál administradora se quedan, pues el Gobierno no pone un centavo en el régimen contributivo.
Ese servicio lo pagan los empleadores y trabajadores. Por eso el Gobierno no tiene nada que ver con esto, dijo Izquierdo, quien insistió en que los empresarios hacen negocio para ganar.
Los representantes de las ARS no ven sentido a modificar una ley que no tiene dos meses de implementada.
Algunos sectores han propuesto la modificación de la Ley 87-01 de Seguridad Social con la finalidad de regular la función de esas empresas.
Algunos como el Presidente del CNSS, doctor José Ramón Fadul, han señalado que las ARS no debieron formar parte de la ley.
En el mismo orden habló el doctor Julio Amado Castaños Guzmán, presidente del Patronato del Hospital General de la Plaza de la Salud, quien sostuvo que las ARS son empresas de lucro, por lo que no deben formar parte del nuevo modelo sanitario.
Aunque en todo momento minimizaron los problemas que enfrenta el Seguro Familiar de Salud (SFS), explicaron que las dificultades son mínimas y que invierten mucho tiempo en resolverlas.
Andrés Mejía, presidente de ADARS fue vehemente en la defensa a sus representados. Dijo que las más grandes dificultades que enfrenta el SFS son el dislocamiento de afiliados y el cobro de diferencias a los usuarios.
Admiten que las mayores quejas de los usuarios de los servicios de salud tiene que ver con quejas, pero esas constituyen menos del uno por ciento. Sus sistemas informativos tienen menos de 200,000 llamadas de usuarios.
Ernesto Izquierdo, presidente de ARS Universal dijo que el sistema funciona en más de un 98 por ciento, pues sus empresas dan servicios de calidad.
El SFS del régimen contributivo tiene afiliados a 1.2 millones de personas que trabajan en el sector privado, señaló Izquierdo.
De su lado, Mejía, presidente de ADARS negó que el SFS se haya convertido en un desorden organizado del que muchos se han beneficiado, como sostienen críticos del Gobierno.
