Representantes de cinco organizaciones, incluido el sector sindical, manifestaron ayer su preocupación ante los efectos “devastadores” que las deportaciones masivas de trabajadores haitianos tienen en la producción agrícola y en la economía dominicana, sobre todo, en los renglones bananero y arrocero.

La situación fue externada, en un comunicado, por la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Bananero y Plantaciones Agrícolas (SINTRAPBAA), Banana Link y la Fundación Étnica Integral (FEI). En cuanto al sector bananero explicaron que es vital para las exportaciones del país.

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Según se hace constar en el documento, el sector bananero, que genera cerca de 300 millones de dólares anuales en exportaciones, especialmente hacia la Unión Europea, está al borde de una grave crisis.

Indicaron que de acuerdo a Martín Peña, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Productores de Banano (Adobanano), la falta de mano de obra haitiana afecta gravemente las operaciones de empaque y envío, lo que ha generado preocupación entre los compradores internacionales, que dependen de un suministro constante y de calidad. Se calcula que más de 70,000 empleos directos están en peligro, ya que los trabajadores haitianos son fundamentales para las actividades agrícolas. La detención masiva de obreros haitianos, ha provocado un clima de temor en las plantaciones, poniendo en riesgo no solo la estabilidad del sector, sino también la capacidad del país para cumplir con sus compromisos de exportación.

En cuanto al sector arrocero, los costos laborales han aumentado un 15% debido a la falta de mano de obra. Hicieron un llamado urgente a las autoridades para que adopten medidas tales como acelerar la renovación de documentos migratorios de aquellos trabajadores que ya están regularizados para evitar deportaciones injustamente; realizar una revisión exhaustiva del estatus migratorio de los detenidos, asegurando que aquellos que cumplen con las normativas no sean deportados y establecer un programa de regularización más efectivo y ágil. Asimismo, abogaron para que se respeten los derechos humanos.