POR MARIO MENDEZ
La decisión que finalmente tome el país con relación a la deuda externa con el sector privado debe ser muy bien ponderada para evitar acciones cuyos costos superen los beneficios, se advirtió ayer.

Aunque el gobierno parece decidido a irse a la reestructuración de la deuda externa con el sector privado, hay quienes advierten que ese paso sería riesgoso para el país y prefieren que se insista en la posibibilidad de obtener un financiamiento bancario que cumpla con los requisitos establecidos por el Club de París.

De acuerdo a lo planteado, al país no le será fácil convencer a la comunidad financiera internacional de la necesidad de reestructurar la deuda con el sector privado, ya que tiene un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de cerca de 1,000 millones de pesos, equivalente a un 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

«O sea, el problema de la República Dominicana no es de falta de dólares para cumplir con el pago de la deuda externa, es un problema de falta de pesos por el mal manejo de la política fiscal durante la pasada gestión gubernamental», se explicó.

Además, se planteó que el país tendría que responder a la pregunta de por qué reestructura su deuda externa y no hace lo mismo con su deuda interna.

Se indicó que la reestructuración de la deuda externa con el sector privado ha sido planteada porque el Club de París exigió, para acceder a reestructuración sus acreencias con la República Dominicana, que se diera igual tratamiento a la deuda con el sector privado.

Se explicó que lo correcto hubiera sido que la República Dominicana no hubiera ido al Club de París a renegociar la deuda bilateral, pero que como ya lo hizo, no hay forma de echar para atrás el proceso.

«Además, los pagos que tenía que hacer el gobierno para cumplir con la deuda del Club de París que vence este año y que no ha hecho por haber renegociado la deuda con ese organismo internacional, fueron gastados por el anterior gobierno», se explicó.

El país renegoció vencimientos deudas a vencer durante el presente año por 193 millones de dólares.

Ante las exigencias hechas por el Club de París y ante la imposibilidad de echar para atrás el proceso de renegociación de la deuda bilateral, hay quienes plantean que las autoridades deben continuar haciendo esfuerzos para explorar la posibilidad de un financiamiento que cierre la estimada brecha financiera de 300 millones de dólares que sirvió de base a la renegociación de la deuda bilateral, a fin de obviar la reestructuración de la deuda con el sector privado.

Aunque se había señalado que el Club de París había endurecido su posición en el sentido de que sólo aceptaría una renegociación de la deuda privada, ayer se informó que «esa es una llave que todavía permanece abierta para el país».

La exigencia del Club de París es que si se opta por la obtención de una financiamiento con el sector privado, no sea avalado con recursos fiscales, para evitar un tratamiento discriminatoria frente al resto de la deuda externa.

Entre quienes abogan por la reestructuración de la deuda externa, hay una posición de línea dura, que favorece que la renegociación se haga en medio de amenazas de cese de pagos y, en última instancia, con una declaratoria de «default», en el entendido de que de esta manera se obtendría un mayor descuento de la deuda.

Sin embargo, otra corriente se opone a esta posición, al considerar que podría tener un alto costo porque se haría más costosas y dificultaría las futuras incursiones del país en los mercados internacionales de capitales.

Además, se advierte que el país podría caer en la situación de tener que enfrentar potenciales demandas de algunos inversionistas privados.

Quienes así piensan afirman que esta opción sólo debería ser aceptada si los fondos de inversión que liderarían el proceso de renegociación asumieran la responsabilidad de responder ante posibles demandas que puedan hacerse contra el Estado dominicano.

La corriente que se opone a la reestructuración de la deuda con amenaza de incumplimiento o con cese de pagos declarado, favorecen que el país siga pagando los intereses de los bonos soberanos y que cuando se acerque el vencimiento de capital el principal sea renegociado para extender su período de vigencia.

También se plantea la posibilidad de que al vencimiento de los bonos del 2006, se haga una nueva emisión para cumplir con esa obligación y que se vayan creando las condiciones para que cuando esto se produzca se haya registrado una mejoría en el «rating» del país.

Algunos funcionarios del gobierno creen en la posibilidad de lograr una renegociación amigable de la deuda con el sector privado.