La falta de cumplimiento a la Ley 488-08 sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipyme) está limitando la posibilidad de formalización del sector, debido a que con el Código de Trabajo, el régimen tributario y la seguridad social las saca de competencia.
El presidente de la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas (Codopyme), Issaachart Burgos, afirmó que esta situación, además, afecta a las mipyme ya formalizadas.
Dijo que en las micro empresas la informalidad es superior al 85% y en las medianas es más de un 30% y estas tienen el “juego trancado”, porque no pueden cumplir el Código de Trabajo, la Ley de la Seguridad Social y el régimen tributario como si fueran empresas grandes.

Indicó que la Ley 488-08 no se cumple en cuanto a la clasificación de las mipyme según su tamaño y este es el régimen regulatorio llamado a impulsar el desarrollo y competitividad del sector.
Expuso que ya que la ley no se cumple, en el Ministerio de Trabajo los parámetros de clasificación de las empresas son el capital y número de empleados, para la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) las ventas y para la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) los salarios que se pagan.

Pero, sin embargo, el artículo 2 de la Ley 488-08 establece la clasificación de las empresas de la siguiente manera: microempresa, con 1 a 15 trabajadores y un activo de hasta RD$3 millones; pequeña empresa, de 16 a 60 trabajadores y un activo de RD$ 3,000,000 a RD$ 12,000,000; en tanto que la mediana empresa cuenta con 61 a 200 trabajadores y un activo desde RD$12,000,000.01 a RD$40,000,000.01.

Burgos insiste en que haya un tratamiento especial para el sector. Expresó que el Código de Trabajo está totalmente desfasado y no tiene ningún artículo para las mipyme ni los emprendedores y trata a las empresas como si todas fueran del mismo tamaño.
A la vez abogó porque se lleve a cabo un pacto fiscal que modifique el Código Tributario y establezca claramente un tratamiento especial para las mipyme.
Este, a la vez, debe contemplar una amnistía fiscal o un acuerdo de pago de las deudas, que facilite la normalización de las empresas que se ven imposibilitadas de pagarlas por la alta tasa de intereses y las moras que se imponen actualmente.