La idea de permitir a las zonas francas colocar hasta el 100 por ciento de su producción en el mercado local, sobre la base de pagar los impuestos de importación y el impuesto sobre la renta por esa venta, es de difícil implementación, y no deja de colocar a la industria local en una posición desigual para competir con los productos de ese sector.
Industriales consultados reaccionaron ayer de esta manera ante el planteamiento hecho por el director general de Aduanas, licenciado Rafael Camilo, de que la iniciativa de presentar un proyecto para modificar la ley de zonas francas, permitiéndole vender en vez de un 20 por ciento el 100 por ciento de su producción en el mercado local, implicaría que esas empresas tengan que pagar los aranceles y el ITBIS como si fuera una importación, así como el impuesto sobre la renta.
El problema sería, de acuerdo a lo explicado por una industrial consultado, que el país no cuenta con los recursos, el experticio técnico y la fortaleza institucional para asegurar que cada vez que una empresa de zona franca haga una venta en el mercado local, el cálculo se haga sobre costo beneficio para, a su vez, hacer el cálculo de rentabilidad y, luego, determinar la ganancia proporcional por la cual debe pagar el impuesto sobre la renta.
Incluso, se señala que el esquema planteado podría constituirse en una fuente generadora de corrupción administrativa.
Además, está el problema de que los tratados de libre comercio firmados por el país obligan a conceder el trato nacional a los bienes comercializados, lo cual quiere decir que a las zonas francas de Centroamérica también habría que permitirles la posibilidad de colocar el total de sus importaciones en el mercado interno.
Si ahora estamos teniendo el problema de que empresas que operan bajo regímenes especiales están haciendo una competencia desleal a través importaciones de productos que entran desgravados, sin calificar para ello, ¿qué será de la industria local si se toma la iniciativa en cuestión?, que abriría totalmente el mercado a esas empresas que no pagan impuestos, se preguntó y respondió la fuente industrial.
Pero, aún en el caso de que no existieran los problemas citados, se explicó que la iniciativa en cuestión no asegura igualdad en las condiciones de competencia, pues las empresas de zonas francas han tenido decenas de años operando sin pagar impuestos, y en esas condiciones han hecho una acumulación originaria de capital que no ha tenido la industria local, que sí ha sido obligada a pagar impuestos.
Por todos los problemas señalados, representantes de la industria advierten que permitirle a las zonas francas vender hasta el 100 por ciento de su producción en el mercado local tendría efectos devastadores para la industria nacional, sobre todo para la pequeña y mediana empresa.
Según se explicó, en vez de ignorar la transformación a que obliga el nuevo entorno internacional a las zonas francas y plantear medidas que sacrificarían a la industria local y su potencial como generador de empleos y contribuyente del fisco, lo que se debe es crear un esquema en que las zonas francas operen en igualdad de condiciones con respecto a la industria local.