Por EVARISTO RUBENS
Los falsificadores y contrabandistas de medicinas serán enfrentados por la modificada Ley General de Salud, declaró ayer el presidente de la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos. Carlos Leroux advirtió que la citada ley “crimiliza” tanto el contrabando como la falsificación de medicinas.

Leroux ponderó los esfuerzos del Congreso y del Poder Ejecutivo para que se aprobara y promulgara la citada ley.

Indicó que misma,la número 42-01, califica de criminal “la fabricación, importación, almacenamiento y comercialización, en cualquiera de sus formas, de medicamentos falsificados, adulterados, contrabandeados, vencidos y reetiquetados, sin registro sanitario vigente, así como los medicamentos alterados química y físicamente”.

Leroux reconoció la preocupación y la “invaluable actitud de los Poderes Ejecutivo y Legislativo por la preservación de la Salud Pública”, y de cada dominicano en particular, al aprobarse y promulgarse la modificación de la Ley General de Salud número 42-01.

Expresó su seguridad de que “la aplicación de esta ley en los tribunales habrá de contribuir a una significativa reducción de los medicamentos ilegales en el mercado farmacéutico de nuestro país, así como del grave riesgo que estos productos conllevan para la salud de todos los dominicanos”.

Leroux confió en que los dueños de farmacias contribuirán a eliminar la presencia de estos productos en el mercado farmacéutico dominicano, rechazando las ofertas que puedan hacerles quienes se dedican a comercializar los mismos.

“La modificación de la Ley 42-01 a que nos referimos, también autoriza a la secretaría de Salud Pública a clausurar los establecimientos que se dediquen a la producción, elaboración, almacenamiento, refrigeración, envase, transporte, distribución, comercialización y expendio de medicamentos, alimentos y similares que infrinjan esta ley”, señaló Leroux.

Destacó que, mediante este texto “se confiscará, y si es necesario, se destruirán e incinerarán los productos deteriorados, adulterados, contaminados, vencidos, falsificados y los que sean descritos falsa o erróneamente.”

Además, se contemplan penalidades de “dos a diez años de prisión y multa de hasta cincuenta salarios mínimos.”

En otro de sus artículos, Leroux dijo que la modificación de la Ley General de Salud incorpora la definición de medicamentos falsificados de la Organización Mundial de la Salud, la cual considera que: “medicamento falsificado es aquel cuya etiqueta o envase engaña de forma deliberada y fraudulenta acerca de su identidad, origen o contenido”.

El presidente de ARAPF señaló que “la falsificación se aplica, tanto a los medicamentos con denominación comercial, como a los genéricos, e incluye productos con ingredientes adecuados, con ingredientes inadecuados, sin ingredientes activos, con cantidades inadecuadas de ingredientes activos, con un envasado falsificado. A la vez comprende todo medicamento que no cumpla con los requisitos del Registro Sanitario Vigente.”