POR MARIO MENDEZ
El tiempo para negociar el caso de los cigarrillos ya pasó, por lo cual a la República Dominicana sólo le quedaría como opción apelar la decisión del panel de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que conoció el caso presentado por Honduras, trascendió ayer.

Aunque se ha planteado en algunos medios que la decisión podría ser negociada con el país centroamericano querellante, se explicó que esto sólo era posible en las consultadas que se celebraron en noviembre del año 2003, antes de que la OMC decidiera en enero del 2004 poner el caso en arbitraje.

Si la República Dominicana no apela la decisión, debería eliminar las trabas que Honduras alega que se apliquen al comercio, que son el impuesto del 2 por ciento a las importaciones, la comisión cambiaria del 10 por ciento y la estampilla que se exige colocar al producto a su entrada en el territorio nacional.

De lo contrario, Honduras tendría derecho a recibir una compensación por los daños a sus exportaciones por las alegadas trabas aplicadas en el país.

Otros exportadores también pueden reclamar igual trato si consideran que se sienten afectados en el caso presentado ante la OMC por Honduras.

Cuando se presentó el caso, a través de la sección económica del periódico Hoy se hicieron llamados a las autoridades para que buscaran una solución a la conflicto con Honduras, antes de que el caso fuera a arbitraje, para evitar que en el seno de la OMC se adoptara una decisión que afectara a la República Dominicana.

En ese entonces, algunos funcionarios dominicanos restaron importancia a la controversia y aseguraron que la República Dominicana ganaría el caso.

En ese entonces, el problema, en una negociación con Honduras, quizás se hubiera resultado con la eliminación de la exigencia de colocar una estampilla en el territorio nacional al producto importado, se explicó.

Pero por no buscarse una solución negociada al conflicto, ahora el problema adquiere una mayor dimensión, ya que la decisión de la OMC exige la eliminación el impuesto del 2 por ciento a las importaciones y la comisión cambiaria, por considerar que esos gravámenes son incompatibles con los acuerdos internacionales de comercio.

El año pasado la comisión cambiaria aportó unos 16,000 millones de pesos al fisco, y entre enero y julio del presente año ya había generado 9,236 millones de pesos.

La decisión de la OMC coincide con aprestos del gobierno para aumentar la cuestionada comisión cambiaria de 10 por ciento a 13 por ciento.

Tras la decisión de la OMC, el país debe ajustar sus disposiciones para que sean compatibles con los acuerdos de la OMC, se explicó.

Se indicó que por tradición, luego de que se produce un dictamen de este tipo, el país que alega ser afectado por las medidas contrarias a los acuerdos de la OMC, solicita permanente información sobre qué se ha hecho para eliminar las medidas denunciadas.

Se indicó que si dentro de un tiempo razonable no se hace nada, el país afectado por la violación puede solicitar autorización para imponer sanciones al país sometido a la OMC por violación a los acuerdos internacionales de comercio.

«Lo peor todo es la mancha que queda de que el país condenado firma acuerdos y después no lo cumple», se explicó.