Hoy 
POR LOYDA PEÑA
El director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), José Thompson, advirtió ayer a la Junta Central Electoral (JCE) sobre los riegos a que se expone si asume la organización de las elecciones primarias de los partidos. El presidente de la JCE, Luis Arias, informó ayer de la advertencia luego de una reunión que sostuvo en su despacho con Thompson y el Oficial de Programas del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Ricardo Valverde.
Dijo que tanto Thompson como Valverde afirmaron que en ningún otro país, excepto en Uruguay, se ha hecho lo que se quiere hacer en la República Dominicana con la Ley de Primarias.
Resaltaron que en Uruguay la experiencia no fue buena no obstante ser un país distinto a la República Dominicana.
Los asesores internacionales, dijo, están conscientes de que las primarias constituyen para la JCE un riesgo y nos sugirieron que vayamos madurando las implicaciones que eso tiene. Nos hablaron del caso de Uruguay y resaltaron que ese es un país donde no existen tantos partidos políticos como aquí y que, sin embargo, allá el tribunal electoral tuvo problemas con las primarias».
Sin embargo, el presidente de la JCE dijo que serán los partidos políticos los que tendrán que decidir sobre si se aplica o no la Ley de Primarias.
«A partir de enero nos reuniremos con los partidos políticos y veremos cuál es su posición, porque uno no puede llevar a cabo una empresa en materia electoral sin el consenso de los partidos y ven ustedes cuál es la postura de los diferentes sectores sobre las Primarias, es decir, no podemos ir en contra de la corriente, y si a eso se le agregan los escasos recursos económicos, es una dificultad más», puntualizó diciendo el doctor Arias.
En la actualidad, en el país existen 24 partidos y organizaciones políticas reconocidas por la JCE.
ANUNCIA SOMETIMIENTO
El doctor Arias afirmó ayer que las irregularidades detectadas en la oficina Central de la Oficialía del Registro Civil evidencian la urgente necesidad de recursos para aplicar el proceso de automatización.
Asimismo, anunció la cancelación y sometimiento a la justicia
de los 16 empleados acusados de falsificación de documentos en la oficina del Registro Civil.
Dijo que encarar esa situación solamente es posible con recursos y que por eso son las exigencias de la JCE para que se reconsidere la partida presupuestaria que le fue asignada para el año próximo.
El proyecto de automatización de los registros del estado Civil y el Electoral tendrían un costo de RD$197 millones.
Arias resaltó, sin embargo, que esa situación no es exclusiva de la JCE y que también el Procurador General de la República denunció hechos similares en el ministerio público.
Dijo Arias que en las oficinas del ministerio público una solicitud de ratificación enviada por las oficialías era retenida adrede hasta por dos años «para desesperar a la gente», lo que obligó a al presidente de la Suprema Corte de Justicia a cambiar a algunos empleados.
Informó que la decisión de someter a la justicia a los implicados en la falsificación de 43 actas de nacimiento y otros documentos fue adoptada por la JCE, que además designó una comisión que se encargará de elaborar un documento público fijando la posición del tribunal electoral con relación a los hechos.
Esa comisión la conforman los doctores Luis Nelson Pantaleón González, Rafaelina Peralta, Roberto Rosario, Ramón Hernández Domínguez y el consultor Jurídico.
El doctor Arias adelantó que como parte de las medidas de seguridad adoptadas por la JCE fueron detectadas y canceladas todas las cédulas de identidad y electoral obtenidas con documentación falsa.
Informó que hoy a las 9:00 de la mañana se reunirá con el Fiscal para ponerlo al tanto de la situación .
Los acusados de falsificación de documentos son Daniel Pimentel Meja, Rafael Santana Terrero, Vladimir Montaño, Eddy Laureano Guante, Rafael García, Luis Emilio Martínez L., Eligio Jean F. y Joan Manuel Boitel Hernández.
También Johanny Rachel Oviedo, Marisol Fermín Cabrera, Ramón M. Núñez Castillo, Arsenio Contreras Fabián, Jorge Grullón Lora, Francisco del Carmen Ortiz, Dani Then Martínez y Joselín Peguero Ramírez, según el informe que rindió el Departamento de Seguridad de la JCE.
