La Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos (ASUME) advirtió sobre el riesgo socio político que encierra conceder al sector privado la gestión y operación de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), sin previamente estudiar el histórico de experiencias similares, y posteriormente establecer los controles y regulaciones pertinentes que eviten poderes discrecionales a la parte contractual.

De acuerdo a la organización empresarial, liberalizar de la responsabilidad estatal la gestión de las EDE no va a resolver el problema deficitario de las distribuidoras, debido a que se trata de un servicio público que el Estado es dueño y responsable de otorgarlo, y de cuya memoria histórica la evidencia arroja que el sector privado no está dispuesto a asumir.

Mencionó lo ocurrido en el pasado con los patronatos y alianzas APP en donde las contrataciones se han hecho directamente con empresas extranjeras y muchas veces asociadas a los mismos inversionistas.
“Consideramos que sería más saludable explorar recursos humanos con capacidades competentes que sean dominicanos y conozcan el manejo técnico-administrativo de las distribuidoras”, añade ASUME.
Precisa que la privatización de la administración (como prefiera denominarse) reporta resultados positivos siempre y cuando se protejan los recursos del Estado.