Los presidentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Lisandro Macarrulla, y de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC),    Pedro Pérez,  coincidieron en advertir, por separado, sobre los efectos negativos  que provocaría al país la aprobación del proyecto de ley que pretende modificar  la  Ley No. 4314, sobre Inquilinato.

Para Macarrulla, la modificación  tendría consecuencias  negativas   en la economía, se atentaría contra derechos fundamentales consagrados en la Constitución y alterarían el negocio inmobiliario y muchos otros. 

Explicó que a través del proyecto de ley, recientemente introducido en el Senado y pendiente de revisión por su Comisión de Justicia, se pretende ampliar las prerrogativas del Banco Agrícola  para retener los depósitos y adelantos de alquileres comerciales, de viviendas,  naves industriales e instalaciones para servicios hoteleros, turísticos o de recreación, con el fin de capitalizarlas.

“Si bien entendemos la necesidad de facilitar el crédito para los productores agrícolas y promover mayores inversiones en tan importante sector de la economía, disentimos de la forma en que se pretende lograr esto a través de depósitos obligatorios de los avances de alquileres efectuados por inquilinos en el país”, expresó Macarrulla.

Mientras que  el presidente de  la ONEC considera que  habrá un impacto directo sobre los bolsillos de los inquilinos de viviendas y los  gastos operacionales de establecimientos comerciales o industriales alquilados, y por ende de manera indirecta en los niveles de precios de los productos de consumo.

Pérez aseguró que  de ser aprobado ese proyecto, se encarecerá en  un 8.3% el costo del arrendamiento, equivalente a un mes por año de contrato,  para los propietarios e  inquilinos, ya que esto viene a representar  un impuesto adicional a los alquileres de viviendas y locales comerciales.