La directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Laura Hernández Román, reveló hoy que la República Dominicana tiene uno de los porcentajes más altos de prisión preventiva de Latinoamérica, al tiempo que alegó que esta situación está llevando al sistema penitenciario dominicano al borde del colapso.

“Estamos en una situación grave y vergonzosa, ya que el promedio de prisión preventiva en la mayoría de los países de América Latina está entre 5% y 15%, mientras que en 2010 nosotros teníamos 75% y luego bajamos de 68% a 65% en 2011”.

Entrevistada por Harold Modesto, coordinador de la Unidad del Poder Judicial del Observatorio Político Dominicano (OPD), de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), Hernández agregó que en el censo penitenciario de 2006, a dos años de comenzar a aplicarse el Nuevo Código Procesal Penal, el país tenía 12 mil 706 reclusos, cifra que en la actualidad asciende a casi 23 mil.

“Tenemos un gran reto porque hay un montón de centros del nuevo modelo y cárceles del modelo tradicional que están absolutamente sobrepoblados, provocando que en nuestro país el sistema penitenciario esté colapsando”, argumentó.

Habló de cifras. Dijo que las altas cifras expresan la gravedad de la prisión preventiva en nuestro país. Sin embargo, resaltó que “en los medios de comunicación parecería reflejarse que en el país hay un uso indiscriminado de la libertad, y precisó que es un tema de educación ciudadana”.

Agregó que “hay que informarle a la población que porque una persona esté en libertad, mientras dura el conocimiento de su proceso, no significa que escapará, sino que constitucionalmente esa es la forma normal y corriente en que los países conocen los procesos, salvo los casos donde la fuga es inminente”.

Deploró que en el país se juzga a los imputados por la situación socioeconómica.

“Aquí el peligro de fuga se mide en función de si usted vive en un barrio o en un ensanche. Parecería que quienes vivimos en ensanches no tenemos peligro de fuga y esos son los que se escapan en helicóptero. Sin embargo, todo el que vive en determinados barrios para el tribunal representa peligro de fuga”, puntualizó.

La funcionaria sostuvo que el hecho de que a una persona le dicten una medida de coerción distinta a la prisión preventiva no significa que está evadiendo su responsabilidad penal, “sino que va a poder presentarse libre a su juicio, como señalan nuestra Constitución y nuestras leyes”.

“Los medios de comunicación y todos en sentido general, tenemos que hacer una campaña educativa para que la población sepa que una medida de coerción distinta a la prisión preventiva es algo normal en cualquier país del mundo y que no obedece a que compraron al juez”, añadió.

Defensoría pública. Hernández puntualizó que una persona tiene derecho a la defensa pública desde el inicio de la persecución policial, aún en sede policial.

Puntualizó que actualmente la Oficina Nacional de la Defensa Pública conoce el  82% de los casos del sistema penal e indicó que la cantidad promedio de procesos que lleva un defensor público es de 300 casos.

“Resulta ser una gran carga de trabajo porque se contempló que nunca pasaran de 200 casos, previendo que el porcentaje de prisión preventiva luego de la implementación del Código Procesal Penal, iba a reducir”.

Sobre el proceso legal. Sostuvo que “no es lo mismo tener a la persona que se asiste concurriendo libre a su proceso que tenerla en la cárcel porque le demanda al defensor que le asiste estar mucho más pendiente a la revisión de medidas y a las apelaciones para tratar de obtener su libertad”.

Destacó que la Oficina tiene un presupuesto insuficiente que no le permite alcanzar los niveles de eficiencia deseados en la ejecución de los planes que contempla esa institución.

“El presupuesto de la defensa pública es de 240 millones, este solo alcanza para mantener su actual estructura, pero no nos permite ejecutar los planes de nuestra planificación estratégica, ni incrementar el número de defensores que debería tener el sistema”.

Oficina de Defensa pública. Explicó que la Oficina debería tener abiertas 12 oficinas más. Explicó que “como país estamos incumpliendo con el mandato constitucional de brindar cobertura al territorio nacional, nosotros todavía tenemos una deuda social”.

Argumentó que el mayor aporte en el área de investigación que ha desarrollado la defensa pública fue el primer censo penitenciario del 2006, que repitieron en 2011.

“Todavía el censo penitenciario de 2011 no se ha publicado, pero tan pronto salga va a ser controversial porque aclara varios mitos como la creencia que de los extranjeros, los haitianos, cometen todos los delitos en nuestro país.

Agregó que hoy día, el censo demuestra que del 7% de la población extranjera que está guardando prisión, solo 4% es de nacionalidad haitiana o dominico-haitiana”.