El presidente de la Asociación Nacional de Metaleros de República Dominicana (ASONAMERD)  reveló que de ser aprobado el proyecto de ley que prohíbe por 10 años la exportación de chatarras, más de 94 mil empleado serían despedidos de forma masiva ya que al menos 9 empresas de zona franca, 32 empresas exportadoras de metales legalmente registradas y 2,200 centros de acopio se verían obligados a cerrar sus puertas.

El licenciado David Santiago dijo que tras el cierre de estas empresas serían despedidos de forma inmediata  unos 8,000 mil empleados que laboran en Zonas Francas y en el resto de empresas exportadoras, así como también cerrarían sus puertas 2,200 centros de acopios los cuales albergan aproximadamente 31,000 trabajadores.

Santiago dijo que también unos 54  mil tricicleros que axcuden diariamente a los diferentes scenyros de acopios que obtienen el sustento de sus familias vendiendo desperdicios, se verian asimismo afectados,  totalizando una pérdida de más de 94 mil empleos, definiendo la aituacion como sumamente delicada por el deficit de empleos en el pais.

Mencionó la gran amenaza adicional que existe al enumerar los miles de empleos indirectos que se verían igualmente afectados ya que diariamente se desplazan miles de chóferes de camionetas plataneras, camiones y buzos de los vertederos, los cuales sustentan a sus familias recolectando y vendiendo chatarras de forma legal. 

El presidente de la Asociación de Metaleros de la República Dominicana entiende que el hecho de prohibir la exportación de estos materiales no sería la solución a la actual ola de robos de metales que se presenta en el país y aclara que ninguno de los miembros de la enidad que dirige, se ha vinculado en el negocio sucio de comprar metales hurtados.

Santiago expresó que en cada una de las empresas pertenecientes a la institucion que dirige, se vincula en acciones fraudulentas ,afirmando que  las instalaciones  y operaciones que se realizan en las  mismas se  aproduce una estricta vigilancia por parte de la Dirección de Aduanas y otros organismos oficiales.

En los últimos días, residentes de diferentes lugares y empresas ligadas a los servicios electricos y telefonicos, vienen denunciando la sustraccion de cables y alambres electricos, provocando grandes perdidas econolicas y dificultades a los usuarios a quienes tienen que repoder los servicios.