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Dos economistas y un dirigente empresarial advirtieron hoy que la venta del 49% de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA) al estado venezolano violaría cláusulas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, exponiendo al país a sanciones por parte de los demás socios del acuerdo.
La advertencia fue hecha por el licenciado Hugo Rivera, miembro del equipo negociador dominicano de ese tratado; el licenciado Arturo Martínez Moya, ex presidente de la refinería, y el licenciado Manuel Cabrera, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEHI), al intervenir en un panel sobre el tema en el programa Portada 15, que conduce el periodista y escritor Miguel Guerrero, por Digital 15.
Dijeron que de acuerdo con una cláusula del capítulo relacionado con las inversiones, ningún socio del tratado puede otorgarle a terceros beneficios y oportunidades que no disfruten los signatarios del mismo, situación que se daría en la eventualidad de una venta de acciones al estado venezolano, al través del ente estatal PDVSA.
Coincidieron, además, en que el gobierno del presidente Leonel Fernández no ha actuado con la debida transparencia en esta negociación, pendiente aún de ser materializada.
Afirmaron que la solicitud hecha al Departamento de Estado de los Estados Unidos por la congresista de California, Leticia Sánchez, pidiendo que se aclare si la operación con Venezuela viola el DR-CAFTA, es una muestra de la preocupación que ha originado en ese país, dentro del marco de la geopolítica regional, la intención del gobierno dominicano de vender esas acciones a un Estado regido por un gobierno en conflicto con la nación norteamericana.
Asimismo destacaron que una eventual venta de dichas acciones al estado venezolano forzaría al país a una futura incorporación a la Alternativa Bolivariana para las Américas, mejor conocida por sus siglas ALBA, lo cual afectaría negativamente las relaciones comerciales que se mantienen con los Estados Unidos.
Rivera, Martínez Moya y Cabrera estuvieron de acuerdo, asimismo, en que la venta de esas acciones convertiría al Estado venezolano en el real dueño de la empresa, debido a que tendría la doble condición de accionista y suplidor único de la materia prima que procesa.
Martínez Moya recalcó que el interés principal del gobierno venezolano en la operación surge del hecho de que la República Dominicana es el segundo socio comercial de ese país suramericano y que el consumo nacional de productos derivados del petróleo, de 150,000 barriles diarios, es apenas 20,000 barriles menos que el consumo de toda Centroamérica.
