La Fuerza del Pueblo (FP), reaccionó este jueves al anuncio hecho por el presidente Luis Abinader, sobre la renegociación del contrato multianual con la empresa AERODOM, encargada de operar los principales aeropuertos del país y que según el mandatario, anteriormente no dejaba ningún beneficio económico para el país.

Estas declaraciones fueron rechazadas por la Fuerza del Pueblo, entidad presidida por el entonces gobernante dominicano Leonel Fernández, quien aseguró que esos contratos se firmaron con la anuencia de legisladores que hoy representan al partido de gobierno.

“Este contrato, fue aprobado luego de vistas públicas y sugerencias de modificaciones, en un Congreso controlado por dirigentes del hoy Partido Revolucionario Moderno (PRM), incluyendo a Ramón Alburquerque, Jesús Vásquez Martínez (Chu), Milagros Ortíz Bosch, Ginette Bournigal, y Alfredo Pacheco».

«Resultó en significativas mejoras en infraestructuras aeroportuarias. Además, que, en tres ocasiones, en el gobierno de Hipólito Mejía, se modificó la fórmula económica de retribución del acuerdo al que inicialmente se había arribado”, indica la nota.

En ese sentido, la organización opositora denunció que más que una renegociación, este acuerdo representa “un nuevo préstamo que toma Abinader” y recordó que “en el primer contrato se logró la ampliación del aeropuerto Gregorio Luperón, de Puerto Plata; el aeropuerto de El Catey, en Samaná; la construcción de una moderna ala en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, entre otras construcciones”.

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Mediante nota de prensa, el partido verde indicó que el contrato anterior   “fue a favor del Estado Dominicano, contrario al nuevo convenio, que solo procura recursos para usarlos en la campaña electoral”. Ese sentido, expresó su preocupación ante lo que considera un préstamo encubierto, implicado en la renegociación, que compromete financieramente al país por 37 años.

Además, cuestiona “la viabilidad y transparencia de las propuestas de proyectos financiados con recursos anticipados, dada la limitación de tiempo para completar los procesos de licitación y pone en duda la afirmación del presidente de que el costo de las obras anunciadas asciende a unos 400 millones de dólares, argumentando que esta cifra no representa con precisión el gasto real en los proyectos mencionados”.

La Fuerza del Pueblo acusa al Gobierno de pretender esconder supuestos escándalos administrativos, como los ocurridos en el INTRANT y las importaciones de productos agropecuarios en detrimento de nuestros productores., además de denunciar por igual, un supuesto abuso de poder en la asignación de 745 millones de dólares para propósitos políticos.

¿Se violentaron las leyes como denuncian legisladores de la oposición?

En ese sentido y en relación a las denuncias hechas por diputados opositores, sobre las supuestas vulneraciones de las leyes con la renegociación del contrato, el abogado Julio Cury indicó que todo el proceso se realizó “sin violentar ninguna norma del ordenamiento jurídico”.

En ese sentido, alegó que “aunque la Ley núm. 47-20, de Alianzas Público-Privadas, derogó en su art. 97 las normas relativas a la concesión que contemplaba la Ley núm. 340-06, el Estado se habría amparado en la recientemente promulgada Ley núm. 66-23 para otorgarle a la indicada empresa el derecho a operar los aeropuertos públicos por otros 30 años”.

“Aunque condicionado a lo que establezca la ley, los arts. 50.3 y 147.1 de la Constitución facultan al Estado a poner servicios públicos en manos de terceros  mediante la modalidad de la concesión, y pese a que desde la Ley núm. 47-20 se carecía de un marco legal, la Ley núm. 66-23 fue aprobada para regular de forma transitoria los contratos de concesión que el Estado, sus órganos y organismos y los entes locales, hubiesen suscrito antes de la Ley núm. 340-06”, sostuvo el jurista.

Cury manifestó que carece de información para valorar si la contraprestación asumida por Aerodom a cambio de la extensión del plazo de vigencia de la concesión se corresponde con el interés público o si es proporcional al derecho de explotación concedido, tarea que, según dijo, les compete a los legisladores, quienes deberán aprobar la adenda firmada por el presidente Luis Abinader.